Mientras la campaña de vacunación avanza rápidamente completando casi la totalidad de los grupos priorizados estratégicamente, y es libre para mayores de 45 años que se presenten en vacunatorios sin turno, la situación de las personas encarceladas, con altísimo riesgo de contagio por las condiciones de hacinamiento en los penales, necesitan que los dispositivos itinerantes de vacunación también contemplen a la población penitenciaria.
En una nota dirigida al director ejecutivo de la Región Sanitaria VIII, piden la consideración de las especificidades del contexto de encierro penitenciario que exige estrategias puntuales para garantizar el derecho a la salud. La logística a emplear por parte del SPB para realizar los traslados de las personas privadas de la libertad a los vacunatorios locales, excedería la habitual operatividad, tornándose una posibilidad muy difícil de materializar.
En base a los protocolos puestos en vigencia por el SPB, en caso de que una persona privada de la libertad obtenga la autorización judicial necesaria para inocularse y, la autoridad penitenciaria acceda a trasladarla, de regreso al penal, debe atravesar un periodo de aislamiento en un espacio cuyas características resultan vejatorias, agravando las condiciones de detención lo que muchas veces genera la negativa a vacunarse a fin de no pasar por tal situación.
Por otra parte, los resultados de un sondeo realizado por las organizaciones arrojó que aproximadamente un 86,3% de las personas privadas de la libertad en el Complejo Batan, no está inscripto para vacunarse, mientras que si lo está el 13,7%. Al analizar por qué no se habían inscripto, verificaron que un 74,5% refirió no saber que podía anotarse, mientras que el 9,8% no pudo anotarse y el 7, 8 no quiere hacerlo a fin de no ser aislado durante 10 días tras la inoculación. Como se refleja en los datos, la información que llega a las unidades penitenciarias en relación con la vacunación es sumamente deficiente. A su vez, Las personas detenidas no poseen registro de la posibilidad de vacunarse como un derecho.
En el mes de abril del corriente, diversos organismos de DDHH, como la Comisión Provincial por la Memoria y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, realizaron presentaciones en la sede del Ministerio de Salud provincial, a fin de que se incluya a las personas detenidas en la campaña de vacunación más grande de la historia. Ello, a fin de priorizar, con idénticos criterios a los adoptados para el resto de la sociedad, a las personas con factores de riesgo y edad avanzada para evitar brotes de magnitud y de conformidad con la inmunización que se llevó a cabo en otros contextos de encierro, como las residencias de larga estadía y hogares. Sin embargo, el requerimiento efectuado no obtuvo respuesta.
El Servicio Penitenciario Federal y los servicios penitenciarios de diversas provincias, han puesto en marcha los mecanismos que entendieron necesarios a fin de impulsar la vacunación en contextos de encierro, siendo destacable lo realizado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Neuquén, Formosa y Chubut.
En la actualidad hay personas COVID19 positivo en diversas unidades de la ciudad y, otro tanto aisladas por ser contactos estrecho.
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