El Defensor del Pueblo provincial, Guido Lorenzino, pidió
que se cambien los requisitos que se exigen para otorgar la tarifa social a
usuarios de agua, luz y gas en la provincia de Buenos Aires. Lo hizo a través
de una resolución dirigida a los gobiernos nacional y provincial, empresas
prestadoras de servicios públicos y entes reguladores provinciales.
En la recomendación, Lorenzino solicitó además que se
comunique de manera clara en las facturas cuáles son las formas de acceder a la
tarifa social y que se actualicen los listados con las personas en condiciones
de acogerse al beneficio.
Este pedido surge luego de la publicación de un informe
elaborado por la Defensoría y el Observatorio de la Deuda Social Social
Argentina, de la Universidad Católica Argentina (UCA). El estudio indica que en
el Gran Buenos Aires la tarifa social sólo alcanza al 30% de los usuarios que
tienen derecho a solicitarla, para los servicios de agua corriente, energía
eléctrica y gas.
Los principales motivos por los que las personas en
condiciones de recibir el beneficio quedan fuera son la imposibilidad de
presentar escrituras o contratos de alquiler y no acreditar ingresos formales.
A esto se le suman barreras burocráticas y falta de información.
“No puede ser que 7 de cada 10 personas que deben tener
tarifa social queden fuera por requisitos inflexibles y alejados de la
realidad”, indicó Lorenzino. “Por eso - agregó - pedimos que se revean y
modifiquen los criterios para que los sectores más vulnerables puedan acceder a
este beneficio mediante un trámite sencillo, inclusivo y ágil”.
Uno de los puntos de la resolución resalta la necesidad de
informar de manera clara y accesible acerca de la tarifa social en las facturas
mensuales. Allí deben figurar no sólo los requisitos para iniciar el trámite,
sino también los domicilios físicos de las oficinas comerciales de las empresas
y las vías de contacto web.
A su vez, exige que se establezcan canales exclusivos de
atención a los usuarios y líneas telefónicas gratuitas para quienes quieran
consultar y acogerse al beneficio.
“Queremos que nadie se quede afuera” aclaró Lorenzino y
pidió que todos los organismos competentes “colaboren para garantizar el acceso
sin restricciones para aquellos que realmente lo necesitan”.
La recomendación está dirigida al Ministerio de Energía de
la Nación y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la
provincia de Buenos Aires; el Ente Regulador de Electricidad de la provincia de
Buenos Aires (ENRE), el Organismo de Control de Aguas de Buenos Aires (OCABA) y
el Ente Regulador de Aguas y Saneamiento (ERAS).
En cuanto a las empresas, incluye a las distribuidoras de
energía eléctrica EDESUR, EDENOR, EDELAP, EDEN, EDES y EDEA; las proveedoras de
gas natural Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur y Gas Natural Fenosa; las
de agua AYSA y ABSA y cooperativas locales de servicios.
Prensa
Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires
No hay comentarios:
Publicar un comentario