Si la propuesta se trata y aprueba en comisión de
Obras, llegará al recinto este jueves. Así, las grabaciones sólo serán
cedidas por orden judicial o a través de la convalidación de una
comisión especial conformada a estos fines
Por unanimidad, los integrantes de la comisión de Legislación aprobaron este lunes el proyecto de ordenanza del edil Hernán Alcolea para regular la utilización de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del Municipio.
Tras recibir un informe positivo por parte del coordinador del Programa de Protección Ciudadana, César Ventimiglia, la propuesta no presentó objeciones por parte de los concejales.
La normativa elaborada por Alcolea (PRO) viene a llenar un
vacío legal, existente desde la sanción de la ordenanza que adjudicó la
adquisición del sistema de Video Vigilancia Urbana. Si bien en su
momento el Concejo Deliberante aprobó un texto que dejó asentado que los
derechos de uso de las imágenes correspondían a la municipalidad, la
legislación está limitada únicamente a este enunciado. En cambio, el
proyecto de Alcolea es amplio y profundiza sobre los distintos aspectos
vinculados al material captado por las cámaras de seguridad.
Así, resulta relevante el artículo 9, en el que se deja establecido
que la información obtenida a través de los equipos de la órbita comunal
tienen carácter “absolutamente confidencial” y que la misma “sólo
podrá ser requerida por magistrados, fiscales o defensores, que se
encuentren abocados a la investigación o al juzgamiento de causas
contravencionales o penales”.
No obstante, en favor de la viabilidad de su iniciativa, Alcolea tuvo en cuenta que el intendente Gustavo Pulti vetó
un artículo de la ordenanza que versa sobre el uso de imágenes, el cual
normaba que cualquier material requerido por terceros sólo podía ser
entregado a la Justicia o “a quien ésta indique mediante Orden del Poder Judicial o del Ministerio Público Fiscal”.
Por eso es que la nueva legislación permite hacer entrega de la
información, siempre que la parte interesada fundamente su pedido y
exista un dictamen favorable en ese sentido de la Comisión de Garantías
de Videovigilancia, creada también por el texto en análisis.
A partir de la decisión adoptada este lunes por los integrantes de la
comisión de Legislación, el proyecto deberá pasar por Obras antes de
ser abordado en el recinto para su sanción definitiva. Esto podría
acontecer durante la jornada de este martes y así obtener tratamiento el
jueves en sesión, tras lo cual el Ejecutivo contará con 90 días para
adoptar las medidas tendientes a lograr la efectiva aplicación e
instrumentación de la norma.
Por Lucía Sánchez Lucero / Diario El Atlántico
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