La fiscalía solicitó este martes las penas para los catorce acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en lo que se llamó el circuito represivo Mar del Plata – Necochea. La condena para los policías involucrado gira entre los 8 y 20 años de cárcel.
Después de cuatro jornadas de alegatos, el fiscal Federal Daniel Adler solicitó que se condene a prisión perpetua a seis militares y a un civil por los crímenes cometidos en la comisaría cuarta de esta ciudad y el centro clandestino de detención “La Cueva”, como también en la seccional primera y en el destacamento de playa Villa Díaz Vélez de Necochea. Por el resto de los imputados –un miembro del Ejército y seis policías- pidió penas que van desde 8 a 25 años de cárcel.
La prisión perpetua recayó sobre el comodoro Ernesto Alejandro Agustoni y el vicecomodoro José Carmen Beccio, ambos responsables de la Base Aérea local donde funcionó el centro clandestino de detención conocido como La Cueva. La misma pena fue solicitada para los miembros del Ejército Leandro Edgar Marquiegui, Alfredo Manuel Arrillaga, Eduardo Jorge Blanco, Jorge Luis Toccalino y el ex integrante de la agrupación de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria (CNU) Nicolás Caffarello, quien cumplía funciones como integrante del servicio de inteligencia del Ejército.
A todos se les imputan los delitos de privación ilegitima de la libertad calificada por mediar violencia; aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos y homicidios calificados por premeditación de dos o más personas.
Por otro lado la Fiscalía pidió la pena de 25 años de prisión para el ex coronel Fortunato Valentín Rezett por considerarlo coautor de los delitos de privación ilegitima de la libertad agravada por mediar violencia y por la aplicación de tormentos agravada por tratarse de perseguidos políticos.
Para los ex policías Ernesto Orosco solicitó 20 años, para Marcelino Blaustein 16 y para Héctor Carlos Cerutti 14. A los tres se le imputan la participación primaria en los delitos de privación ilegitima de la libertad y aplicación de tormentos agravados. En tanto para el oficial Aldo José Sagasti, acusado de de participe necesario en la privación ilegitima de la libertad de dos personas, Adler solicitó 10 años de prisión.
Por último, para el ex comisario Mario Larrea, acusado como participe secundario de privación ilegitima de la libertad y aplicación de tormentos, solicitó 8 años.
En el final de su alocución, el fiscal solicitó la suspensión “del goce de toda jubilación, pensión o retiro que pudieran percibir” cada uno de los imputados. Además requirió que en todos los casos, el cumplimiento de la pena sea efectivo y se revoquen los arrestos domiciliarios dado que una condena por parte del tribunal podría configurar un “riesgo de fuga”. En este sentido aclaró que la prisión domiciliaria a partir de los 70 años no es un beneficio automático sino que está sometida a decisión de los jueces.
En cuanto a los militares imputados, Adler solicitó que se arbitren los medios necesarios ante el Ministerio de Defensa de la Nación “a fin de proceder a la destitución” de los condenados.
DELITOS
Antes de solicitar las penas para cada uno de los imputados, Adler se refirió a la calificación legal de los hechos que se investigan en el juicio.
En primer lugar abordó la desaparición de personas y aseguró que su calificación jurídica es el homicidio calificado por la participación de dos o más personas. El fiscal aseguró que “no hay dudas de que la desaparición debe llamarse hoy homicidio”. Para reforzar su posición recordó las últimas declaraciones del dictador Jorge Rafael Videla, quien días atrás dijo que la desaparición de personas fue la figura para ocultar la matanza que realizaban las Fuerzas Armadas y de seguridad. “La figura del desaparecido era una figura cómoda porque la sociedad no iba tolerar el fusilamiento público de 7 u 8 mil personas”, dijo Videla –palabras más, palabras menos- en una entrevista al periodista Ceferino Reato.
Para dar cuenta de los homicidios, Adler se refirió a las muertes de los abogados Roberto Centeno y Jorge Candeloro, ambos murieron mientras eran torturados. El cuerpo del primero apareció. Según la autopsia había recibido una golpiza brutal.
Po su parte, el cuerpo de Candeloro continúa desaparecido pero la certeza de su muerte la dio su propia esposa –Marta García- que escuchó el último quejido de su compañero mientras era torturado.
En cuanto a las privaciones ilegitimas de la libertad, Adler aseguró que no se realizaron sin una orden de los mandos superiores. Cada secuestro fue realizado por hombres armados que pertenecían a las Fuerzas Armadas y de seguridad que golpearon a las víctimas y allanaron sus viviendas sin ninguna orden judicial. “Quienes debían cuidarnos nos secuestraban”, resumió el fiscal.
Adler aseguró ayer ante los jueces Alfredo Ruiz Paz (presidente), Lidia Soto, Elvio Osores Soler y Daniel Cisneros que las personas secuestradas eran sometidas a tormentos físicos y psicológicos que se agravan porque las víctimas eran perseguidos políticos.
En cuanto a las torturas físicas, la aplicación de picana eléctrica era una constante. También se torturaba mediante golpes. Las mujeres sufrían los mismos padecimientos y en muchos otros casos también la violación.
Entre los tormentos psicológicos, el fiscal mencionó la amenaza constante de la tortura física, del traslado. Recordó los testimonios de decenas de sobrevivientes que sufrieron al escuchar los gritos que provenían de la sala de torturas. Enumeró la burla de los captores y la desnudez como forma de la humillación en los centros clandestinos de detención de la dictadura.
Adler aseguró que los tormentos continuaban tras la liberación. El seguimiento que las fuerzas de la dictadura realizaron a algunos sobrevivientes constituía, según el fiscal, una forma más de la tortura.
Por último, Adler advirtió que los delitos mencionados constituyen crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de un genocidio perpetrado en la Argentina. “un ataque sistemático y generalizado contra un grupo de la población civil”, finalizó
Fuente: Diario El Atlántico
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