El funcionamiento y control del sistema de fotomultas en el Municipio de General Pueyrredón disparó una nueva controversia entre el oficialismo de Juntos por el Cambio (JxC) y la oposición representada por los concejales del Frente de Todos (FdT) y Crear Juntos, a partir de la decisión del intendente local, Guillermo Montenegro, de cancelar un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y suscribir otro en forma directa con la Universidad Nacional de San Martín (UnSam).
Se trata de un sistema compuesto por 200 cámaras instaladas mayoritariamente en la ciudad de Mar del Plata y que hasta el momento, según el convenio firmado en 2017, le aportaban el 50 por ciento de la recaudación al municipio por esta vía.
De ese porcentaje, un 20 por ciento se destinaba a la provincia de Buenos Aires (por el uso del sistema SACIT de Juzgamiento y Cobranzas) y otro 30 por ciento a la UTN "por la provisión de equipos, servicios de educación y concientización, procesamiento de información, mantenimiento de los equipos, pago del correo para despacho de las infracciones y provisión de vehículos", indicaron fuentes de la Universidad Tecnológica.
La convalidación del nuevo sistema de fotomultas suscitó una controversia en el ámbito del Concejo Deliberante marplatense, contexto en el que la oposición solicitó que el expediente sea tratado en una sesión especial y cuestionó que se hayan comenzado a instalar dispositivos sin el tratamiento parlamentario.
"Necesitamos explicaciones del gobierno de (Guillermo) Montenegro sobre lo que hay de fondo con este expediente", expuso la presidenta del bloque del Frente de Todos, Marina Santoro, y agregó que el pedido se funda en "la gravedad que implica" el proyecto presentado.
Entre los opositores a la decisión de Montenegro, se encuentran sus exaliados, los concejales Nicolás Lauría y Alejandro Carrancio, que en el 2021 se separaron de la bancada oficialista "Vamos Juntos" y formaron el bloque "Crear Juntos", desde el cual denunciaron que "no se conocen las causas del nuevo contrato".
"El intendente busca aprobar un nuevo convenio en el cual la Municipalidad pasa de percibir el 50 por ciento de la recaudación de las fotomultas a un 24 por ciento. Una baja más que considerable que, por el contrario, sube en favor de la Universidad de San Martín", apuntó Carrancio.
El edil afirmó que si bien el nuevo convenio, "no es ilegal, se esquiva el proceso licitatorio".
Voceros de la UTN aseguraron a Télam que durante los años 2018 y 2019 "se instalaron tótems alertadores de velocidad; cinemómetros fijos; equipos de control de violación de semáforo en rojo; y la puesta en funcionamiento de cinemómetros móviles".
Agregaron que también "se realizó una campaña de concientización ciudadana, con entrega de folletería y la presencia de simuladores de manejo; y la capacitación de alumnos de 5° y 6° años de escuelas con entrega de material didáctico y preparación para la gestión de la primera licencia de conducir a aquellos que estuvieran en condiciones de hacerlo".
"En 2019, teniendo el proyecto menos de un año de implementación, la Municipalidad recibió de la Provincia $ 14.259.420 correspondiente a su 50% de los ingresos por fotomultas", afirmaron.
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