La campaña antifraude que también incluye la revisión de medidores de uso residencial temporario, contempla la inspección de unos 3500 establecimientos comerciales, tarea que se complementará con operativos sorpresa en horarios de máxima afluencia de público a efecto de constatar la existencia de posibles ilícitos.
En caso de hallar alguna irregularidad, los operarios de EDEA labran el acta correspondiente pudiendo llegar a la suspensión del suministro eléctrico en caso de no ser técnicamente posible la normalización de la irregularidad, o bien que la conexión clandestina revista inminente peligro para la seguridad pública.
La empresa indicó que está iniciando acciones legales sobre los titulares de los suministros encontrados con ilícitos, por lo que además de hacer frente a las facturas complementarias por la energía consumida irregularmente (más recargos y penalizaciones) los responsables deberán comparecer ante la justicia.
Desde la compañía destacaron que “quien toma energía en forma irregular no solo comete un delito económico contra EDEA, sino que además atenta contra la calidad de servicio percibida por los usuarios que pagan por el servicio recibido, atentando contra la seguridad pública y privada de los vecinos, transeúntes y clientes de los mismos establecimientos, ya que las conexiones irregulares se encuentran fuera de toda norma y carecen de las más mínimas medidas de seguridad”.
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