Durante un acto que se desarrolló de manera virtual, la funcionaria destacó que la puesta en marcha del Registro es un avance clave para el enfoque estadístico en materia de violencias de género en la jurisdicción, pendiente desde la sanción de la Ley 14.603 que dio origen a su creación en 2014.
La información relevada, a partir del registro de las situaciones de violencia recibidas en los diferentes organismos municipales y provinciales, constituirá un insumo fundamental para la elaboración de estadísticas y la construcción de políticas públicas centradas en la prevención, abordaje y erradicación de las violencias por razones de género.
"En el Gobierno tenemos la enorme responsabilidad de llevar adelante políticas desde el primer Ministerio de las Mujeres y Diversidad, y lo hacemos con la responsabilidad institucional porque nos duele cada muerte siempre", expresó Díaz.
La ministra analizó que "el femicidio es lo irreparable" y expuso que, por ello, "tenemos que estar con todo el Estado presente acompañando esas situaciones".
"Para que efectivamente sea Ni Una Menos, tenemos que seguir trabajando en el conjunto de las políticas: prevención, asistencia, atención, trabajo con los agresores y el proceso de la salidas de las violencias", continuó y evaluó que "además tenemos que trabajar para un proyecto general de sociedad y que la justicia social, la igualdad, el Estado presente y la solidaridad sean los pilares que marquen la gestión".
Díaz dijo que estos preceptos son los que impulsan al Poder Ejecutivo a trabajar "aún en tiempos complejos para hacer gestión como es una pandemia" y expresó que esa situación adversa no detiene al Gobierno "para dar respuestas y para seguir construyendo herramientas de fondo para erradicar la violencia desde la política pública".
Registro Único de Casos de las Violencias por Razones de Género
El Registro reunirá los datos provenientes de dos fuentes de información primarias, generadas y cargadas por áreas específicas del Ministerio de las Mujeres: la Línea 144, la Dirección de Casos Críticos y Alto Riesgo, la Red de Dispositivos Territoriales de Protección Integral (hogares y casas abiertas que resguardan a mujeres y LGTBI+ en situaciones de violencias) y los oficios judiciales remitidos.
A estos datos se le sumará la información producida por los municipios, el Ministerio Público Fiscal, la Suprema Corte de Justicia, los ministerios de Seguridad, Justicia y Salud, la Defensoría del Pueblo y los organismos de la administración pública provincial que estén trabajando con licencias de violencias por razones de género.
En los casos de entidades u organismos que ya poseen su propio sistema, se realizará un desarrollo informático específico para optimizar los tiempos de sistematización de la información.
El sistema contempla cinco dimensiones para cargar un caso de violencia por razones de género: datos generales, dato de la persona en situación de violencia, datos del hecho, datos de la persona que ejerce la agresión y un campo abierto para consignar otros datos de interés.
Al respecto, Díaz recalcó que el RUC "muestra la multidimensionalidad" de la problemática así como la "necesidad de adoptar acciones interjurisdiccionales", contó que el sistema se implementará primero en municipios y estimó que estará funcionando en el año 2023 "de manera plena en toda la provincia".
Para quienes integran el Frente de Todos "abordar las violencias por razones de género es un tema que importa siempre y en todos los contextos. Lo que más nos anima es la felicidad de nuestro pueblo, las mujeres y diversidad sexual que se realizan en vidas autónomas, plenas y vivibles", concluyó.
Posteriormente, la doctora en psicología Roxana Ynoub dijo que "no se trata sólo de tener un registro centralizado sino de transformar a actores locales en gestores de sus propios registros de información porque desde lo local la intervención en violencia es efectiva".
"El problema está en el territorio y en éste hay que estar, instalando una cultura de seguimiento de esa problemática", indicó y apuntó que "la política pública es la contracara de la violencia que vive esa mujer".
En ese sentido, consideró que "no alcanza con tener el mejor registro sin personas que entiendan que ahí hay algo valioso para visibilizar y comprender el tema".
"Es momento de reflexionar para comprender la función de quien atiende este tipo de problemáticas, compartir criterios y acercarnos; hay muchas cuestiones que se tejen al implementar estos sistemas que en sí mismos son producto del fortalecimiento de la política pública para atender a personas en situación de violencia de género", aseguró.
María Delia Castañares, integrante de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, indicó que desde ese organismo se valora "la importancia de los datos estadísticos porque sin éstos no se pueden planificar políticas públicas" y manifestó que "la única manera de erradicar la violencia es articular entre los tres poderes del Estado".
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