Un conjunto de organizaciones que representan a consumidores de servicios de telecomunicaciones (TICs) firmaron junto a legisladores y dirigentes sociales una solicitada, de rechazo al aumento de tarifas dispuesto por las empresas proveedoras.
La declaración, con el título "Los usuarios y Usuarias de servicios TICs esenciales queremos justicia ante la voracidad empresarial", denunció los aumentos de 8% en mayo y 7% en junio (hasta acumular un 30% de incremento en el año) y señaló que las compañías "desconocen" el DNU 690/2020.
Ese decreto declaró como servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia" a las actividades de telefonía celular y fija, internet y TV paga, y estableció que los incrementos de tarifas debían ser autorizados por el Estado.
El 1° de mayo la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, a través de una medida cautelar solicitada por la empresa Telecom Argentina S.A, suspendió la aplicación de los artículos 1 al 6 del DNU 690 por el plazo de seis meses, y reestableció la potestad de la empresa de fijar sus precios sin pasar por la aprobación del Estado.
El Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom) condenó luego el fallo, en un comunicado, y anunció la presentación de un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia.
Las entidades de consumidores criticaron el accionar de la justicia por "priorizar la renta empresarial, antes que los derechos ciudadanos" y advirtieron que "la patria cautelar conformada por algunos sectores de la justicia es ciega para la defensa de los intereses de los que menos tienen".
"En pleno agravamiento de la pandemia tenemos que estar pensando si nos alcanza para pagar internet o pagar el teléfono. La voracidad de las empresas del sector de las telecomunicaciones no acepta límites a favor de los consumidores de sus servicios esenciales", añadió el comunicado.
El documento lleva la firma de legisladores, la asociación Internauta (Asociación Argentina de Usuarios de Internet), Asociación Consumidores Responsables, CTA de los Trabajadores y el Frente Grande, entre otros organismos de consumidores, sociales y políticos.
El texto reclama además la quita de la pauta publicitaria y la licencia de los servicios a las empresas que no cumplen el DNU, además del cobro de multas y la creación de una empresa pública que "opere la infraestructura de telecomunicaciones" en el país.
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