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jueves, 3 de diciembre de 2020

Agrupaciones de inquilinos bonaerenses con la Defensoría del Pueblo

Jerónimo Guerrero Iraola, Director de Coordinación de la Unidad Defensor, de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, se refirió así a la mirada que desde ese organismo público promueven en materia de derecho a la vivienda.

En una charla abierta organizada por agrupaciones de inquilinxs junto la Defensoría del Pueblo el pasado jueves 3 de diciembre, Guerrero Iraola junto al Asesor de la Secretaría Legal y Técnica del organismo, Emiliano Leyton, presentaron los aspectos técnicos e interpretativos de la nueva ley de alquileres, vigente desde el 1 de Julio de 2020, y los decretos presidenciales que extendieron la duración de los contratos y congelaron los precios de los alquileres vigentes (320/20 y 766/20)


Con la participación de referentes de más de 10 agrupaciones de inquilinos e inquilinas de la provincia y con la presencia de delegados y delegadas de la Defensoría del Pueblo, así como la Coordinadora de Hábitat de dicha entidad, la charla giró en torno a la problemática que día a día recogen en las experiencias organizativas que vienen llevando adelante estas agrupaciones.

Natalia Ranzuglia, de Inquilinxs Tres de Febrero, señaló la importancia de la articulación entre las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones del Estado, resaltando los beneficios de la tarea conjunta a la hora de asesorar y acompañar a quienes se ven perjudicados por el incumplimiento de las normativas vigentes por parte de los sectores inmobiliarios.

Por su parte Sebastian Oliver, titular de Inquilines Mar del Plata, se refirió a la necesidad de que exista una autoridad de aplicación con poder de sanción para que se cumpla lo propuesto en la legislación vigente, y al mismo tiempo volvió a cuestionar la idoneidad de los Colegios de Martilleros para arbitrar al respecto, en tanto es una de las partes interesadas.

Natalia Casella, de Inquilinos Lomas, se refirió a la problemática del endeudamiento de miles de familias que deberán afrontar al término de la prórroga obligaciones monetarias mayores a sus ingresos considerablemente afectados por la situación económica generada por la pandemia. Hizo mención también sobre la necesidad de que sea el Estado en sus diferentes niveles quien regule la situación para que no se reduzca a una negociación entre partes.

Mayra Llopis, de Inquilinxs San Martín, trajo a colación la problemática general en términos de vivienda y hábitat, entendiendo el acceso a los mismos como derechos de las personas y no como transacciones comerciales a las que acceden quienes tienen los medios.

Victoria Dobal, integrante de la misma agrupación, planteó la preocupación por la interpretación que los martilleros y martilleras hacen de la regulación de sus honorarios, cargando la totalidad de los mismos a la parte inquilina.

Finalmente Carlos Sozzani, de Inquilinos CABA, señaló que la comisión inmobiliaria la deben pagar los propietarios, ya que son quienes contratan el servicio y se benefician del mismo. “Esto ya se logró en la Ciudad de Buenos Aires y se está avanzando con la discusión en muchas provincias. En la provincia de Buenos Aires debe legislarse en el mismo sentido.”

También hubo una coincidencia en la preocupación por los aumentos desmedidos y la inminente finalización del Decreto 320.

Frente a un sector inmobiliario muy poderoso y concentrado urge que el Estado construya políticas y herramientas que faciliten el acceso a la vivienda y a un alquiler justo, frenando la especulación y los abusos. Por ello se acordó fortalecer el vínculo entre Estado y organizaciones del sector para la defensa de los derechos de los inquilinxs.

Organizaron: Inquilinos Lomas de Zamora, Asoc. Platense de Inquilines, Alquiler Justo Lanús, Inquilinxs Unidxs Vicente López, Frente de Inquilinos de Morón, Inquilinos Avellaneda, Inquilinos de Quilmes, Inquilines Mar del Plata, Inquilinxs Tres de Febrero, Inquilnxs San Martín


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