El juez de Familia Juan Dominoni le pidió a la Suprema Corte de Justicia que notifiqué a la gobernadora de lo que ocurre en la ciudad y que intime al intendente Carlos Arroyo a solucionar las fallas en la Dirección de Niñez Municipal.
En una dura resolución, un juez de Familia advirtió graves fallas en la Dirección Municipal de la Niñez, Adolescencia y Familia y solicitó que se intime al intendente Carlos Arroyo para que se cumpla con la ley.
La decisión fue tomada por el juez Juan Dominoni en base a un hecho de violencia familiar ocurrido en la ciudad.
El caso comenzó en una casa del barrio La Herradura cuando un hombre maltrató a su hija de dos años. Ante esta situación, el Equipo de Asistencia a la Niñez en Situación de Riesgo (EANSR) decidió sacar a la nena de la casa y adoptar una medida de abrigo (se trata de una excepcionalidad por la que se quita del seno de la familia a las víctimas o se las deja al cuidado de una persona responsable). En paralelo se realizó una denuncia y la Justicia de Familia excluyó al golpeador de la vivienda. Pero los tres chicos fueron dejados a cargo de la mujer que era pareja del hombre. La medida se tomó por un mes por lo que el maltratador podría regresar al hogar.
En ese momento, el hecho fue derivado al Centro de Protección de la Niñez (Cepeden) para que se realice un seguimiento de la situación en la que se encontraban los nenes con la mujer y si se había producido nuevos episodios de violencia. En la resolución judicial, Dominoni demuestra que el Cepeden del barrio La Herradura no realizó durante cinco meses ningún tipo de evaluación ya que argumentaba que se trataba de un caso de violencia familiar y debía estar a cargo de un Juzgado de Familia. Pero no sólo eso: el magistrado deja en claro que el Cepeden ni siquiera tomó conocimiento de la causa judicial. Además, el servicio Zonal de Protección de la Niñez, dependiente del gobierno provincial, no avaló la mala actuación de la dependencia municipal en el caso.
“Entiendo que inexorablemente deben disponerse medidas de carácter urgentes a efectos de determinar la situación actual de las causantes, como así otorgarles, en caso de corresponder, el marco jurídico apropiado”, ordena el juez en la resolución para que se tomen medidas urgentes y se siga la situación en que se encuentran las menores. Y agrega con contundencia: “Lamentablemente, ciertos efectores del Sistema de Niñez no comprenden la delicada función en la cual operan o debería operar pues aquí queda absolutamente clara su inoperancia y, hasta, para decirlo con todas las letras, desinterés de la vida de los niños, no ya de la familia”.
Dominoni en su resolución cita “el terrible desenlace de la vida de una niña en octubre pasado en el seno de una familia conflictiva por no apelar al sentido común”. La mención es para el caso de Yasmín Milagros, la nena de 11 meses que fue asesinada. Los principales sospechosos del crimen son sus padres. “Tal como oportunamente lo sentencié y a cuyos argumentos nuevamente apeló para que cada uno de los involucrados reflexione y ‘tome el toro por las astas’, realizando la función que debe cumplir”, afirma Dominoni.
En ese línea argumental, el magistrado sostiene que “no puede permitirse una muerte más por inactividad de los efectores de niñez”. “Ha existido demora en realizar la presentación pertinente por el Cepeden (por no señalar desidia), hay ausencia de intervención de un equipo técnico, no luce acreditado que el equipo que debería intervenir haya siquiera tomado contacto con el grupo familiar o la pareja del victimario demostrando con claridad prístina que no se ha actuado adecuadamente (o acreditado) tanto en órbita del Poder Ejecutivo como en el expediente”, sostuvo.
Luego de terminar de exponer los argumentos, Dominoni resolvió que se realice “un amplio relevamiento socio ambiental en el domicilio en que se encuentran conviviendo las niñas con la pareja del hombre”.
Además, Dominoni ordena que se eleve copia de lo resulto a la Suprema Corte de Justicia y una vez que ésta tome conocimiento de lo ocurrido con la situación de la Niñez en la ciudad le de intervención a la gobernadora María Eugenia Vidal y que se intime al intendente Carlos Arroyo “a dar cumplimiento con la normativa, actuación y seguimiento de casos por parte de la Dirección de Niñez y Juventud Local”.
Cabe aclarar que Cepeden está en órbita del Poder Ejecutivo por lo que el Poder Judicial no tiene injerencia.
Fuente: Diario La Capital
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