El pasado viernes 22 de julio se desarrolló en el Recinto del Concejo Deliberante la Asamblea Popular en contra de los tarifazos.
La actividad fue organizada en forma conjunta entre la CGT, la CTA, Apyme y el IMFC.
Contó con una amplia participación de organizaciones sociales, políticas, asociaciones de consumidores, cooperativas, gremios y sociedades de fomento. Asimismo estuvieron presentes los defensores del pueblo y los concejales Daniel Rodriguez, Marina Santoro y Balut Tarifa Arenas.
Las diferentes intervenciones dieron cuenta de aspectos técnicos, jurídicos, sociales y económicos relacionados con el brusco, desproporcionado e irracional aumento de las tarifas.
Se destacó el carácter esencial de los servicios en cuestión y su caracterización como servicios públicos cuyo acceso el Estado debe garantizar y la imposibilidad cierta de pago de amplísimos sectores de la sociedad .
Asimismo se dimensionó el elevado porcentaje de vecinos del Partido que no gozan de red de gas y la necesidad de incluir dentro de los reclamos el acceso a la garrafa social, conforme la normativa establecida.
Por su parte APYME caracterizó el tarifazo como un eslabón más de las políticas económicas que vienen deteriorando el mercado interno, caracterizado por la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos ante el embate de la maxi devaluación, la quita y/o reducción de retenciones al agro y minería y la eliminación de los registros de operaciones de exportación (ROE). Agregó además que el encarecimiento del crédito a partir de la desregulación de tasas, la apertura indiscriminada de importaciones de productos elaborados en el país con mano de obra intensiva y el aumento de los insumos compromete seriamente la ecuación económica de las micro y pequeñas y medianas empresas, poniendo en riesgo el sostenimiento de puestos de trabajo. En el caso concreto de las tarifas operan por efecto doble: afectan la capacidad de compra de los consumidores e incrementan los costos de las industrias y comercios, que al trasladarlos a precios, vuelven a impactar en el bolsillo del consumidor.
Finalmente se hizo referencia a la reciente sanción de la ley de Fomento Mipyme, destacando su insuficiencia frente a la situación de emergencia del sector, que requiere medidas efectivas en la restricción de importaciones, la adecuación del cuadro tarifario, el acceso a créditos a tasa subsidiada, el establecimiento de medidas impositivas y de estímulo de aplicación inmediata y políticas concretas de reactivación del consumo.
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