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miércoles, 23 de diciembre de 2015

“Esta conducta criminal de la CNU fue un plan predecesor a la dictadura”

Así, lo expresó Alberto Muñoz, testigo en el juicio contra diez civiles y un militar retirado acusados de ocho homicidios y de conformar una asociación ilícita.
Alberto Muñoz era un adolescente cuando lo fueron a buscar a su casa “para matarlo”, pero no lo encontraron. Y tenía algunos años más cuando fue detenido en Mendoza, en febrero de 1976. El pasado miércoles prestó declaración en el marco del juicio CNU, donde diez civiles y un militar retirado son juzgados por asociación ilícita y algunos de ellos por ocho homicidios cometidos en la antesala del golpe de Estado cívico-militar de 1976. El recuerdo de su compañero de militancia en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), Guillermo Videla, alias Patota, y el relato de una tarde que salvó su vida tomando un taxi. Muñoz estudiaba en la Escuela Nº1 de Mar del Plata, y en 1972 comenzó su militancia estudiantil, que luego derivaría en su militancia política en Montoneros. La UES se conformó en 1973 y en esos años y a esa edad ya encontraban la oposición de grupos de derecha. “Fuera Montoneros del Centro (de estudiantes)”, decían las pintadas en su escuela.

El testigo contó ante el Tribunal que en 1975, luego de la muerte del líder de la CNU Ernesto Piantoni, que siguió con el asesinato de cinco personas, entre ellos Guillermo Videla, militante de la UES de apenas 16 años, “un grupo paramilitar” fue a buscarlo a su casa. “La intención era matarme”, dijo. “Eran algunos de fuerzas de seguridad o grupo paramilitares, que actuaron con zona liberada, porque estuvieron dentro de casa mucho tiempo, muy armados, muy violentos”, señaló. Él no estaba allí esa noche.

Luego, relató que en la tarde del 9 de julio de 1975 fue a tomar un café al bar ubicado en la intersección de las avenidas Colón e Independencia con su novia y su cuñado. Allí, ingresó también un grupo de personas, y entre ellas pudo reconocer a un militante del CENES, una organización estudiantil vinculada a la Concentración Nacional Universitaria (CNU).

“Les digo que entraron los del CNU, que iba a haber problemas, entonces los hago salir a mi novia y mi cuñado en ese momento por una puerta y yo salí por la otra. Empiezo a correr por Independencia, hasta Brown, luego Salta, Colón, y en la Clínica Pueyrredón me tomé un taxi. Le dije al chofer arrancá porque nos matan”, describió. Lo persiguieron en otro taxi hasta que pudieron perderlos de vista. “Ese chofer de taxi me salvó la vida, es un héroe anónimo porque por segunda vez el CNU intentaba matarme”, sostuvo. Al poco tiempo se fue para Mendoza.

Esa persecución, señaló, tenía que ver con su actividad política. “Era la tercera vez que atacaban a la UES, lo que suponía un plan y no un hecho espontáneo”, dijo. Además de sus dos ataques personales, contabilizó el asesinato de Guillermo Videla, quien era miembro de la mesa de la UES y responsable de escuelas privadas. “Esta conducta criminal de la CNU fue un plan predecesor a la dictadura”, aseguró.

Consultado por quiénes integraban la CNU, dijo que era de “dominio público” que Josué Catuogno, Ernesto Piantoni, Juan Carlos Gómez y Gustavo Demarchi integraban la organización.

En la UES, en aquella época, habían desarrollado una política de seguridad, a través de la cual todas las noches se reunían para ver dónde iban a dormir. Él había acordado la noche previa a la denominada 5x1 que iría a casa de “Patota”, el apodo de Guillermo Videla, pero a último momento fue para otra vivienda a dormir.

A la mañana siguiente, junto a un compañero hoy desaparecido, el Laucha Muñoz, se dirigieron a la casa de los Videla. Cruzaron la plaza de Libertad y Dorrego en diagonal y advirtieron en la cuadra de España al 800 varios coches, algunos patrulleros. “Hay gente de CNU”, le dijo el Laucha. Frente a ese cuadro, donde también había fuerzas de seguridad, decidieron irse. Luego se enteraron del asesinato de su compañero de militancia –quien murió acribillado por 27 disparos-, su hermano, su tío y su primo, Enrique Elizagaray.

Muñoz decidió marcharse de la ciudad, junto a su mujer, entonces embarazada, con rumbo a Mendoza donde continuaron con su “militancia clandestina” dado el escenario que se vivía. Sin embargo fueron secuestrados en febrero de 1976 y permanecieron 20 días desaparecidos, hasta que un escritor de apellido Di Benedeto, quien entonces era subdirector del diario Los Andes, publicó en tapa sus fotos, por lo que fueron legalizados y pasados al servicio penitenciario. Luego, salieron absueltos de culpa y cargo.

El testigo señaló que nunca fue citado desde la Justicia para esclarecer los hechos de los que fue víctima, hasta ahora.

Consultado sobre la vinculación del gobierno de Estela Martínez de Perón y José López Rega con el accionar de CNU y Triple A, Muñoz respondió: “Es imposible pensar la actuación paramilitar si no tiene apoyo del Estado”. Y enseguida reparó en que no pueden conseguirse direcciones y hábitos sin inteligencia previa.

Tras la declaración de Muñoz, el abogado defensor Horacio Insanti pidió que se remitan copias de la declaración al Ministerio Público Fiscal por “la posible comisión de delitos de lesa humanidad” por parte de la organización Montoneros. Cuando el codefensor de Demarchi le preguntó por el apoyo que podían tener, intentando legitimar la teoría de los dos demonios, Muñoz le había dicho: “sí, el apoyo del pueblo argentino”.

"Cuando uno hablaba de CNU, hablaba del aparato del Estado también"

Laura Chino estudió en Humanidades de la Universidad Católica, cuando María del Carmen Maggi era decana, y luego fue secretaria académica en 1974. Aunque el plazo fue breve: tras el secuestro de Maggi tuvo que irse para preservar su seguridad.

Al referirse a la secretaria general de la Católica, recordó que “era una compañera que no pertenecía a ninguna organización política, pero que creía en la educación popular y gratuita”. “Como decana –sumó- se puso al frente del proceso de estatización. Era una persona muy querida y reconocida por todos los sectores”.

Fue justamente esa pelea por la gratuidad de la enseñanza la que le costó la vida, de acuerdo al testimonio de Chino. “Su secuestro tuvo que ver con este proceso y una presión hacia el Obispo Pironio”, apuntó.

En contraposición, señaló ante la pregunta del Ministerio Público, había una confrontación con autoridades de la Universidad Provincial. “Coca confrontó mucho en una reunión. Querían poner como decano en Derecho a Aguilera, que no era aceptado por la Universidad Católica”, rememoró. Las autoridades de la Provincial eran entonces Josué Catuogno como rector, Eduardo Cincotta como secretario general y Gustavo Modesto Demarchi como coordinador docente.  Esa reunión a la que hizo referencia fue “no mucho antes” del secuestro y asesinato de Maggi.

Horas antes de que se llevaron a la decana de Humanidades de su casa, Chino iba a encontrarse con ella. Fueron a las 20 al punto de encuentro, junto al Armenio Abachian, pero Coca no fue. Al día siguiente, el padre de Maggi fue llorando hasta el colegio donde ella trabajaba para contarle que la habían secuestrado de madrugada.

Luego de acomodar las cuestiones administrativas de la Universidad, Chino se marchó de la ciudad. Sus compañeros de militancia le aconsejaron cuidarse. ¿De dónde podía venir el ataque?, le preguntó la querella. “De la CNU”, respondió con firmeza. ¿Contaba esta organización con respaldo de organismos del Estado? “Sí. Cuando uno hablaba de CNU hablaba del aparato del Estado también”, sostuvo la testigo, que también refirió zonas liberadas y “mucha tranquilidad” en los movimientos de la organización. Cuando la secuestraron a Maggi, recordó, el padre le dijo que habían acudido varios autos y que no había habido ninguna intervención de la policía.

En el inicio de su testimonio, Chino había solicitado no ser interrogada por los imputados. Sobre el final de su declaración, el presidente del Tribunal, Víctor Bianco, le dijo que no había advertido de su relato que haya sido víctima del terrorismo de Estado y le preguntó si ese pedido había sido sugerido. Momentos antes, la mujer había relatado cómo se tuvo que ir de su ciudad y dejar aquí a su familia por miedo a un posible ataque de CNU e incluso supo por vecinos que en 1976 habían hecho un procedimiento en una casa donde ella había estado viviendo.

Otros testimonios

Otro de los testimonios recibidos este martes en el juicio a integrantes de CNU fue el de Víctor Iriarte, un contador jubilado, que trabajó en la universidad a principio de los 70 y fue rector en 1983 con la vuelta de la democracia. Cuando le tocó asumir el cargo máximo en la casa de estudios, señaló que había unas 20 personas nombradas en seguridad, y que eran casi todos retirados de las Fuerzas Armadas.

A su turno, Víctor Milani, quien también trabajo en la Universidad en el área de Presupuesto, relató que la situación allí era “complicada, difícil, con mucha tensión”. Y recordó que si bien era Josué Catuogno el rector, quien “manejaba la Universidad” era Eduardo Cincotta, quien falleció estando detenido por estos crímenes que se juzgan. Señaló también que la CNU era “una parte de la extrema derecha del movimiento peronista”.

Por su parte, Lucila Intelisano, relató que trabajó en la Universidad Provincial desde septiembre de 1975 hasta noviembre de 1974 cuando fue detenida. “A raíz de mi detención, mis familiares dan aviso y en la Universidad se me suspende hasta que hubiera otra información”, señaló. Luego la intimaron a reintegrarse, pide licencia sin goce de sueldo, luego licencia médica, pero le son denegadas, hasta que en julio de 1975 –ella recuperó su libertad en enero pero se fue de la ciudad por su seguridad- quedó finalmente cesante. La resolución fue firmada por Cincotta y Catuogno.

Ella además de desarrollar tareas en la asesoría letrada, era secretaria académica de la Facultad de Turismo. En uno de los viaje que en 1975 hizo de Mar del Plata para visitar a su familia, acudió a esta unidad académica para retirar sus efectos personales que allí había dejado. Fue recibida en su despacho por el imputado José Luis Granel. “Me preguntó qué estaba haciendo ahí, me trató muy mal, me dijo que los subversivos no tenían derecho a pisar la Universidad y que me retirara”, contó la testigo.

Además, mencionó que fue el imputado Luis Roberto Coronel quien firmó el dictamen en base al cual le firmaron la cesantía. Consultada por el Ministerio Público Fiscal sobre la posibilidad de defenderse, Intelisano fue terminante: “En absoluto”, respondió.

“Mi detención viene de la mano de mi actividad en la Universidad y por mi militancia en la Juventud Peronista. Fui la fundadora del primer gremio de no docentes, ATUP, y también me desempeñé en la gremial de abogado de Mar del Plata, desde donde interpusimos varios habeas corpus y trabajé junto al doctor Candeloro”, relató la testigo. Jorge Candeloro fue uno de los abogados detenidos en la denominada “Noche de las Corbatas”.

Intelisano se refirió también al jefe de personal no docente de entonces, Schino: “Era conocido que era un agente de los servicios, venía de la Policía Federal, y se lo veía copiar legajos o sacar datos y llevárselos”.

En Buenos Aires, volvió a ser detenida ilegalmente y llevada al centro clandestino de detención El Olimpo. “Yo estaba marcada por mi detención en Mar del Plata”, sostuvo.

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