La Defensoría del Pueblo formuló una recomendación al Gobierno bonaerense, para que se elimine la obligación de pagar las infracciones de tránsito que no tengan sentencia firme en la Justicia a la hora de renovar la licencia de conducir.
La decisión del organismo tiene que ver con las múltiples quejas relacionadas a la imposibilidad de obtener la renovación del carnet, en los distritos donde la gente posee sus domicilios, si existen deudas pendientes de cancelación.
Actualmente, la ley establece que todos quienes tengan que iniciar este trámite deberán obtener un certificado de libre deuda expedido por el Registro Único de Infractores de Tránsito (RUIT), que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros provincial.
La decisión del organismo tiene que ver con las múltiples quejas relacionadas a la imposibilidad de obtener la renovación del carnet, en los distritos donde la gente posee sus domicilios, si existen deudas pendientes de cancelación.
Actualmente, la ley establece que todos quienes tengan que iniciar este trámite deberán obtener un certificado de libre deuda expedido por el Registro Único de Infractores de Tránsito (RUIT), que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros provincial.
Esta oficina, a su vez, plantea que es obligación de los juzgados comunicar al registro de antecedentes de tránsito, las sanciones y las declaraciones de rebeldía, por lo que las renovaciones están ligadas a la existencia de una sentencia firme en relación a estas situaciones.
Por lo tanto, el pedido de la Defensoría del Pueblo al Estado provincial tiene que ver con la necesidad de agilizar un trámite que hoy se presenta engorroso para quienes buscan tener toda su documentación en regla.
Luego de la recomendación de la Defensoría, la dirección provincial de Política y Seguridad Vial de Jefatura de Gabinete bonaerense determinó que todos los municipios deben aplicar la medida que impide obstaculizar la renovación del registro de conducir si el ciudadano tiene infracciones constatadas o en trámite, sin sentencia firme.
El secretario general a cargo de la Defensoría del Pueblo bonaerense, Marcelo Honores, aseguró que "la seguridad vial forma parte de la política de protección de los derechos humanos, y es función del Estado garantizar al ciudadano el ejercicio del derecho a la libre circulación".
"Es necesario mediar ante los organismos en los casos que resulten dudosos o que no permitan ejercer el legítimo derecho de la defensa de los ciudadanos, con el debido respeto de las normas y la Constitución", concluyó.
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