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miércoles, 12 de agosto de 2015

Continúa en Mar del Plata el juicio por los crímenes de la Concentración Nacional Universitaria

 El titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad participó de una nueva audiencia del juicio que se lleva adelante contra integrantes de la CNU y desestimó un planteo hecho por las defensas que pedían que una testigo no sea admitida.
  
En una nueva audiencia celebrada en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata en el juicio contra diez civiles y un militar retirado, quienes integraban la agrupación de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria (CNU) son juzgados por ocho homicidios cometidos en 1975, el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad Jorge Auat respondió a los planteos realizados por las defensas de los imputados. “Las verdades se van a ventilar en este debate”, señaló.


Uno de los abogados defensores, Horacio Insanti, pidió que una testigo no sea admitida para declarar en el debate oral y habló de “coacción” durante una entrevista periodística. Esto fue calificado por el imputado Gustavo Modesto Demarchi como “una revelación inesperada” y sumó adhesiones en las defensas. De todas maneras, los abogados oficiales indicaron que ellos mismos pidieron la declaración de la mujer y señalaron que la ausencia en el debate podría afectar el derecho a la defensa en juicio.

Tras un cuarto intermedio, acompañado por la fiscal Laura Mazzaferri y la fiscal ad hoc María Eugenia Montero, Auat subrayó: “Las garantías constitucionales tienen, básicamente, dos caras. Una mira al Estado y lo limita, y otra mira al individuo y lo protege. Entre esas coordenadas es por donde viaja el derecho penal. Cuando uno habla de la violación de una garantía, tiene que producirse y verificarse, para lo cual hay que interpretar las normas de rito”.

“¿Cuáles son las reglas de juego a las que nos tenemos que someter?”, interrogó el fiscal. “Este Código (dijo levantando el Código Procesal Penal) son reglas de juego. El Dr. Insanti plantea, en un esfuerzo valioso desde el punto de vista estratégico e intelectual, neutralizar una prueba de cargo, a partir de una distorsión de la propia norma de rito”, concluyó.

“El artículo 376, que virtud del cual evoca su derecho a plantear la inadmisibilidad de la prueba, no está pensado de ningún modo en lo que hace al contenido del planteo del defensor. La inadmisibilidad de la prueba se refiere a cuestiones diferentes, que tiene que ver con la pertinencia de esa prueba. Yo puedo oponerme a un testigo que no conoce el hecho, que no tiene vinculación con el objeto del proceso, y a eso apunta”, explicó Auat.

El fiscal, en referencia a la cuestión que interpretó como central del planteo de Insanti, en relación a que la testigo habría sido coaccionada, mencionó: “Cuando verificamos, la declaración a la que hace referencia, se hace a los medios de prensa, nada que ver con la coacción para declarar en sede judicial. La segunda cuestión, que me parece fundamental, es que la sana crítica racional exige, imperativamente, que toda la conclusión de la valoración probatoria sea una derivación razonada”.

Inmediatamente, puso en valor la oralidad como un “salto cualitativo” en el mundo del derecho. “Señor presidente, las verdades se van a ventilar aquí, en este debate. Los testigos van a venir aquí y van a ser controlados por los defensores, por los jueces, por los fiscales, por los querellantes, por el público”, manifestó.

“No le tengamos miedo a ningún testimonio en la medida que pueda ser sometido a contralor. Si ese testigo va a mentir, va a estar sometido a un control de las partes, y va a depender de allí el objetivo de conseguir la verdad histórica de lo que pasó”, sumó el representante del Ministerio Público Fiscal.

Más adelante, Auat sostuvo: “¿Cuál es la razón para impedirnos, a toda la sociedad, conocer la verdad de la boca de alguien que dice haber percibido, conocido, oído y haber visto los hechos? Si esto es así, Señor Presidente, estamos negándole al proceso penal su cometido fundamental. Hay uno inmediato y otro mediato: el inmediato es el conocimiento de los hechos, la averiguación de la verdad; y el mediato es la pena. La condena no es el objetivo fundamental del proceso penal”.

Luego de que las defensas de los imputados cuestionaran la incorporación de testimonios y pruebas producidas en el marco del Juicio por la Verdad, el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad respondió: “Los Juicios por la Verdad fueron hijos de la impunidad. Porque había una impunidad normativa que impedía conocer los hechos, y había una sociedad lesionada. Era la memoria colectiva la que operaba. No hubo decisión política posible de neutralizar la necesidad de la sociedad de conocer cómo fueron los hechos de la dictadura. Esto caracteriza lo que es la lesa humanidad”.

Por último, Auat planteó que “la verdad es una relación que hay con la realidad”. “¿Cuánto conozco  de la realidad? Cuanta más verdad tengo en el puño. Y cuanto más quiero conocer la realidad, más pruebas y más fuentes de conocimiento necesito”, relató. Luego, sostuvo: “Tenemos la obligación moral de escuchar y el deber moral de valorar a la luz de la sana crítica, como corresponde, para llegar a una sentencia justa”.

Mazzaferri, a su turno, reforzó algunos puntos y dijo que “lo que importa es la verdad procesal que se construya en este juicio, por lo que no existe un agravio para las partes vinculado a lo que pudieran llegar a decir los testigos”.

La fiscal respondió a un pedido del imputado José Luis Granel, sobre un informe de la ex DIPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires). “Es una cuestión de valoración probatoria, no hace a la admisibilidad de los informes. Incluso, dijo que lo agraviaba la perspectiva con que se valoraban esos informes, pero eso será cuestión del marco de este debate”, señaló la titular de la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata.

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