El procurador municipal Juan Martín Colombo apelará el amparo interpuesto por los vecinos del predio conocido como Canchita de los Bomberos. "Existe una serie de datos que no fueron conocidos o no se tuvieron en cuenta por parte del Juzgado", interpretó el funcionario.
La Municipalidad de General Pueyrredon solicitó a la jueza correccional Jorgelina Camadro que "levante o morigere la medida cautelar" que dictara oportunamente y que impide que se prosiga con las obras de construcción del complejo habitacional del Plan Procrear en el predio conocido como Canchita de los Bomberos, delimitado por las calles Florisbelo Acosta, José Mármol, López de Gomara y Ricardo Gutiérrez. También, dispuso "en forma subsidiaria" apelar la acción de amparo interpuesta por la asociación vecinal de fomento del barrio Parque Luro y residentes de esa zona.
Así lo dio a conocer el procurador municipal Juan Martín Colombo ante una consulta de LA CAPITAL. Fundamentó el accionar de la comuna en que "existe una serie de datos que no fueron conocidos o no se tuvieron en cuenta por parte del Juzgado Correccional 4, a cargo de la doctora Camadro y que si se consideran, como el que se estaba realizando de impacto ambiental, podrían hacer variar su criterio sobre la suspensión de las actividades en el lugar".
Ese juzgado está a cargo de la mencionada magistrada desde la suspensión de su titular Pedro Federico Hooft.
Agregó el procurador Colombo que "dentro de los próximos siete días" y más allá de aquellos argumentos el municipio presentará al Juzgado "un informe más completo y contestará la demanda". La Municipalidad "se notificó el jueves 25 de abril sobre la existencia de ese proceso y la medida cautelar dictada por el Juzgado", precisó el funcionario.
Conflicto judicializado
El conflicto entre vecinos y el Estado es por el uso del espacio público del predio en cuestión. Los residentes que llevaron el caso a los tribunales insisten con la antigua idea de que esas manzanas queden como espacio verde y se oponen a que allí se construyan viviendas del plan nacional Procrear, que el Gobierno anunció con fondos de la Anses. A fin de clarificar el panorama sobre los antecedentes de este conflictivo caso, Colombo comenzó explicando que la sociedad de fomento y dos vecinos de Parque Luro "promovieron ante los órganos de Justicia provincial un proceso de amparo que tramita como causa caratulada 'Asociación Vecinal de Fomento Parque Luro y otros c/MGP s/amparo'".
"Tras algunas vueltas -continuó-, por cuestiones de competencia entre juzgados provinciales y federales, el proceso finalmente quedó radicado en el Juzgado en lo Correccional 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata".
Fue ese juzgado el que resolvió dar trámite al amparo y notificó en consecuencia al municipio. "A su vez otorgó una medida cautelar que consiste en la suspensión de todo tipo de trabajo o actividad sobre el predio conocido como canchita de los bomberos", prosiguió el procurador.
Informe de impacto ambiental
El función de todo lo anterior ayer a la mañana la Municipalidad se presentó ante el Juzgado con el objeto de poner en conocimiento de la magistrada a cargo "un informe circunstanciado sobre los antecedentes de la obra que se pretende ejecutar en el predio y el tratamiento que las autoridades nacionales, provinciales y municipales competentes han dado o están dando a las cuestiones urbanísticas y ambientales".
Entre otras cuestiones, en la presentación se informó sobre la transferencia del domino del predio al Fondo Fiduciario Procrear y sobre la convocatoria de un concurso de ofertas para ejecutar la obra por parte del agente fiduciario, es decir el Banco Hipotecario SA. Dijo además Colombo que en el escrito informó a la juez sobre la adjudicación de los trabajos "a dos reconocidas empresas: Coarco SA y Coms SA".
En la misma presentación también informó que "la obra cuenta con un profuso estudio preliminar de impacto ambiental, que debe completarse con un estudio definitivo de impacto ambiental que las empresas contratistas deben desarrollar y presentar, para su aprobación, antes de poder iniciar las obras de construcción".
Finalmente señaló el procurador que "estas cuestiones, sumadas a la existencia de un predio de más de 5.000 metros cuadrados, que será destinado a plaza pública, y la existencia de derechos e intereses de terceros que no son parte del proceso, llevó a solicitar el levantamiento o morigeración de la cautela otorgada. Y a apelarla subsidiariamente". Esto último "pues se aprecia que estos datos no fueron conocidos o tenidos en cuenta por el Juzgado al momento de dictar la medida cautelar", concluyó.
Fuente: Diario La Capital
No hay comentarios:
Publicar un comentario