Eduardo Quintela, jefe de la Policía Departamental y Gabriel Bombini, juez de Garantías y docente universitario, brindaron su parecer en diálogo con El Atlántico sobre la iniciativa de seguridad municipal. El fiscal general Fernández Garello, prefirió no hacerlo
Eduardo Quintela, jefe de la Policía Departamental
“Todo lo que se proponga y haga en materia de prevención y seguridad sirve. Por eso vemos como algo positivo el anuncio del intendente. Ahora tendremos que ver cómo se va a articular ese cuerpo municipal con nuestros efectivos, porque ellos no tendrán más que función preventiva. No pueden usar armas y no serán auxiliares ni de la Justicia ni de la fuerza, como lo son los efectivos policiales. Pero sí sé, por experiencias que viví en Pilar y San Miguel, que contribuyen a desalentar el delito porque contribuyen mucho en la presencia y los patrullajes. Pero insisto en que la articulación será clave y eso es algo que conversaremos con el intendente”.
Gabriel Bombini, juez de Garantías y docente universitario
“Frente a la problemática de la seguridad urbana, es necesaria la innovación en las formas de buscar soluciones al problema criminal. Y esta innovación debe incluir tanto el mejoramiento de la información disponible sobre el fenómeno criminal y el funcionamiento de las agencias estatales, como la articulación y coordinación de todos los recursos disponibles tanto estatales como comunitarios. También, el sostenimiento de políticas a largo plazo y finalmente la necesidad de reforma en las estructuras de las tradicionales instituciones del Estado (policial y judicial); siempre tendiendo, máxime en un contexto de una Provincia tan grande como Buenos Aires, a la localización y descentralización de esas intervenciones. En este contexto, se advierten medidas muy valiosas y que necesariamente se vienen imponiendo: la introducción de la policía judicial ya consagrada en la ley y la tendencia a la consagración de policía comunal o municipal, para lo cual por el momento sólo hay proyectos legislativos provinciales. Esas reformas -si su implementación se realiza en forma seria y completa- resultarán aptas para la adecuación de aquellas instituciones tradicionales a las exigencias actuales, superando deficiencias, rompiendo con modelos verticalistas, militarizados y burocráticos con estructuras viciadas, y tendiendo a la optimización en la formación de sus recursos humanos. La tendencia es, por cierto, ir hacia el modelo de policía comunitaria que interactúe con la comunidad, que conozca sus problemas, que tienda a la búsqueda de soluciones concretas. Su organización y práctica ha mostrado óptimos resultados en la reducción de la violencia en diversas ciudades en Europa, en EEUU, pero también de Latinoamérica”.
Fabián Fernández Garello, fiscal general
El funcionario prefirió no realizar declaraciones. En su lugar, pidió a la secretaria que lo excusara porque “por el momento no va a hablar”. “Lo va a hacer luego de interiorizarse del proyecto del intendente. Ahora está concentrado en la prueba piloto de Policía Judicial, que se va a realizar en Mar del Plata. Si se reúne con el intendente y tiene mayores precisiones de la iniciativa, entonces seguramente sí salga a hablar. Mientras tanto, no lo va a hacer”.
UNA CRÍTICA AL PATRULLAJE
Aunque no lo dijo con todas las letras, durante el anuncio para la creación del cuerpo de seguridad comunitaria, el intendente Gustavo Pulti dejó entrever la posibilidad de cobrar un tributo para el sostenimiento integral de este nuevo dispositivo de prevención.
Y quizás en este punto, la experiencia de La Matanza demuestre la necesidad de que un mecanismo de ese tipo sea implementado para garantizar la efectiva concreción de los objetivos de esa fuerza comunal.
Pese a que hay destacar la predisposición del personal y del jefe del área de Protección Ciudadana de La Matanza, que proporcionaron toda la información y las imágenes que en esta nota se comparten, cuando de presupuesto se le consultó José Riage obvió brindar detalles. Sólo dijo que “todo se mantiene con recursos propios”.
Por eso que El Atlántico se comunicó con Sandra Oviedo, concejala de La Matanza por Libres del Sur. Sobre los recursos y formas de financiamiento del cuerpo municipal apuntó: “Tienen muy poco presupuesto. En 2012 fue de $209.609, es decir, el 1,75% del presupuesto general. Y este año es de $3.280.166 para 60 móviles, 180 agentes en calle y 34 en el Centro de Monitoreo de las 236 cámaras de seguridad”.
“El presupuesto es bajísimo y la verdad que el servicio de patrullaje no es efectivo. No redunda en la mejora y el bienestar de la ciudadanía. Es mentira que tenga incidencia real. Colaboran poco y nada e incluso ya se vivieron situaciones de vinculación entre los agentes municipales y hechos delictivos”, denunció la edil.
Por Andrea Pérez / Diario El Atlámtico
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