Antes de saber que la Cámara Civil y Comercial fallaría a favor de sus intereses, Cablevisión pretendió obtener una cautelar de un juez de Mar del Plata que le permitiera sortear los efectos del 7D. El fiscal del caso fustigó duramente al multimedio por abuso procesal a los jueces y fiscales de la Capital.
El 27 de noviembre pasado, diez días antes del día en el que terminaría su monopolio mediático, Grupo Clarín buscó obtener una cautelar que le permitiera seguir incumpliendo el artículo 161 de la Ley de Servicios Audiovisuales, que exige su adecuación a la norma mediante la desinversión.
En ese momento todavía no estaba claro cómo quedaría conformada la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal que interviene en la causa que el Grupo inició en la Capital Federal solicitando se declare la inconstitucionalidad del mencionado artículo. Se había dado a conocer que varios jueces esa Cámara habían aceptado un viaje a Miami costeado por una asociación vinculada a Cablevisión y habían sido recusados. La Corte había dicho que la cautelar que frenaba la plena aplicación de la Ley se vencía el 7 de diciembre de 2012.
Entonces el Grupo salió a buscar otra cautelar por otros juzgados del país. Por ejemplo, en Mar del Plata, aunque fuentes judiciales especulan con que podría haber otros casos de medidas cautelares presentadas en distintas jurisdicciones a la expectativa de encontrar algún juez adepto.
En Mar del Plata, por lo menos, no lo logró. El juez Alfredo López, a cargo del Juzgado federal n°4 de esa ciudad, rechazó la demanda, señalando que había otra jurisdicción interviniendo en el tema.
Sin embargo, Cablevisión insistió. Dijo que se trataban de causas distintas, la de Capital buscaba la inconstitucionalidad de la Ley de Medios Audiovisuales –una declaración de certeza- mientras que en Mar del Plata simplemente se pretendía que la justicia le diera una cautelar destinada a asegurar el negocio que actualmente desarrolla la empresa. Los abogados de la actora utilizaron frases elevadas como “garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión de Cablevisión y el adecuado ejercicio del derecho de informar de todos los ciudadanos”.
El fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones de Mar del Plata, Daniel Adler, opinó que más allá del nombre utilizado por Cablevisión para identificar las acciones entabladas en una y otra jurisdicción, ambas perseguían la misma finalidad. Adler llamó la atención sobre el hecho de que la actora había omitido mencionar el objeto procesal y las finalidades económicas en cada uno de los casos, pero que un análisis comparativo de ambas acciones demostraba que se superponen, es decir, que son las mismas.
El dictamen fiscal advierte las siguientes identidades. Primero, que la parte actora es cablevisión, que integra el Grupo Clarín. Segundo, que las medidas cautelares se pretenden imponer sobre el estado nacional y/o provincial, y tercero, que ambos procesos persiguen “la conservación en toda su plenitud jurídica y temporal de la situación de hecho y derecho existente al día de la fecha sobre las licencias de servicio de comunicación audiovisual, señales de contenidos y demás activos de propiedad de Cablevisión”.
Cablevisión, integrante del Grupo Clarín, buscó en Mar del Plata lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le había negado en Buenos Aires, y procuró que un juez federal incompetente otorgara en esa ciudad una medida de no innovar que perseguía el mismo objeto que la trabada en Capital Federal, dijo el fiscal Adler a la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata que ahora debe definir el caso: “Esta actividad procesal abusiva debe ser prevenida con el debido control jurisdiccional, tal como ha ocurrido en autos, pero debe además ser puesta en conocimiento de los Sres. jueces y fiscales que intervienen en las causas que tramitan en Capital Federal, por tratarse, como antes se dijera, de situaciones conexas”, dice el dictamen fiscal con fecha 11 de diciembre de 2012.
Fuente: www.mercadodedinero.com
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