La asociación Comunicadores de la Argentina (COMUNA) rechazó "por inconstitucional y antidemocrática" la denuncia presentada por el Grupo Clarín contra tres periodistas "por opinar a favor de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual".
En una solicitada publicada hoy en el periódico Tiempo Argentino, COMUNA recordó, además, que la demanda penal por el delito de "instigación a la violencia" contra directivos del multimedios incluye a funcionarios nacionales, legisladores y dirigentes políticos "que no comulgan con los propósitos de la empresa".
"El Grupo Clarín, que supo ser cómplice de la genocida dictadura cívico-militar, considera un delito la libertad de expresión de los periodistas que no defienden sus intereses", añadió el texto.
En ese marco, COMUNA destacó que "se solidariza con los periodistas amenazados por la acción de una empresa que promueve el silenciamiento y la censura ahora por vía judicial".
En el cierre de la solicitada, la asociación que agrupa periodistas, comunicadores sociales, trabajadores de medios, docentes universitarios y publicitarios indicó que "vuelve a abogar por la aplicación completa, sin excepciones, de las leyes de la democracia, que deben ser cumplidas por todos".
De acuerdo a Tiempo Argentino, al cierre de la edición del diario, la adhesión a la nota superaba las 34.000 firmas.
En su acción penal presentada ante la Justicia, el Grupo Clarín acusa por "instigación a la violencia" y "coacción agravada" a los periodistas Roberto Caballero (fundador y ex director de Tiempo Argentino), Sandra Russo (columnista de Página/12 y panelista del programa 678) y Javier Vicente (relator de Fútbol para Todos).
La embestida del grupo liderado por Héctor Magnetto abarca también a funcionarios como el ministro de Justicia, Julio Alak; el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, y el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella.
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