La Cámara en lo Criminal Federal confirmó la desestimación, por inexistencia de delito, de una denuncia de la empresa de televisión por cable Cablevisión S.A. contra el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por presunto abuso de autoridad.
Fuentes judiciales indicaron que el tribunal coincidió con el juez de primera instancia, Marcelo Martínez De Giorgi sobre la inexistencia de delito con relación a la conducta que la querella le imputó al funcionario.
Cablevisión dijo que luego que a fines de 2009 la Justicia en lo Contencioso Administrativo ordenara la suspensión de una auditoría tendiente a comprobar si cumplía con compromisos asumidos al efectuar una concentración económica, la Secretaría de Comercio Interior (SCI) le encomendó otra a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).
El abogado Hugo Wortman Jofré argumentó que esa decisión formaba parte de una persecución y hostigamiento del Gobierno para, valiéndose de informes que marcaran incumplimientos, dañar al Grupo Clarín y a Cablevisión, revocando la concentración económica que había sido aprobada.
La Sala I de la Cámara afirmó que “el razonamiento desarrollado” por el juez de primera instancia para declarar la inexistencia de delito “luce ajustado a derecho, por lo que el pronunciamiento en crisis será homologado”.
Los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah recordaron que el artículo 248 sanciona al funcionario público que “dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o a las leyes”, para luego concluir que no hubo delito.
“La investigación llevada a cabo ha permitido comprobar que la actuación de los funcionarios aquí denunciados no ha sido contraria a la ley, sino que se enmarcó dentro de las facultades legales correspondientes”, señaló el tribunal.
Las resoluciones de la SCI y la CNDC, que ordenaban una auditoría para controlar el cumplimiento de compromisos asumidos por el Grupo Clarín y Cablevisión al solicitar la aprobación de la operación de concentración económica y la realización de esa tarea “fueron efectuadas dentro del marco de la competencia funcional de dichos organismos”, agregó.
“Tampoco puede sostenerse –expuso la Sala I de la Cámara- que la citación de directivos de la empresa, el requerimiento de documentación y el anuncio de sanciones legalmente previstas, resulten actos contrarios a las leyes”.
El tribunal aclaró que los hechos denunciados se enmarcan "en un conflicto de neto carácter administrativo -vinculado con la operación de concentración económica a través de la cual el Grupo Clarín adquirió la firma Cablevisión y ésta, a su vez, compró a la empresa Multicanal- que resulta ajena al derecho penal".
Fuente: Télam
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