Debate por una ley de acceso a la información pública

Por Victoria Linari / Miradas al Sur

Es un derecho humano y en la Argentina tiene jerarquía constitucional. Académicos y organizaciones de la sociedad civil discuten la necesidad de una norma que regule esta herramienta clave para el control de la gestión pública.

La información es pública y la excepción es el secreto.” Ese es el espíritu filosófico del derecho al acceso a la información. Un derecho que, cuando se trata de cuestiones de Estado, garantiza a todos los ciudadanos la posibilidad de estar al tanto de cómo se administran los asuntos públicos. Cuánto cobran los funcionarios, cómo se desempeñan, cómo se manejan los fondos comunes, cómo se controla a las empresas que prestan un servicio público. En definitiva, permite fiscalizar las acciones de gobierno.

El acceso a la información es reconocido en el ámbito internacional como un derecho humano fundamental, y tiene rango constitucional en la Argentina desde la reforma de 1994. Sin embargo, la cantidad de países con leyes que lo garantizan no supera el centenar en el mundo y la mitad de ellas fueron sancionadas en la última década y media. De las 20 naciones que integran América latina, la mitad no tiene una ley de acceso a la información pública. Entre ellas se encuentra la Argentina. Lo que existe en el país es un decreto (1172/03) firmado por el ex presidente Néstor Kirchner al comienzo de su gestión, que regula el acceso a la información en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. Su sanción fue la punta de lanza para que varias provincias y municipios incorporaran sus propias regulaciones al respecto. Tanto el Poder Legislativo como el Judicial, no son alcanzados por normativas que permitan a los ciudadanos conocer sus administraciones y decisiones.

El aumento de sueldos a los legisladores y la investigación sobre la compra de la empresa Ciccone Calcográfica, fueron algunos de los temas que por estos días volvieron a poner en debate la transparencia de la gestión pública y la rendición de cuentas. A partir de ellos, distintas organizaciones de la sociedad civil criticaron la reticencia del Gobierno a proporcionar información y reinstalaron en la agenda la necesidad de una ley sobre el tema (ver Saber es un derecho).

“El derecho a la información pública aún enfrenta, en nuestro país, restricciones, tanto en términos de acceso a sus fuentes, como de ocultamiento o distorsión de los datos. La negativa a brindar información, su ocultamiento o su distorsión, impiden que ciertas realidades se conozcan o difundan”, señala un documento recientemente difundido por el Proyecto Estratégico Plan Fénix, integrado Aldo Ferrer, Mario Rapoport, Jorge Gaggero, Eduardo Basualdo, Marta Bekerman y Oscar Oszlak, entre otros reconocidos investigadores del ámbito económico, político y social. “Cuando la información es pública, hay una propensión a hacer las cosas bien, a evitar los abusos. Es tan sencillo como eso. En un sistema democrático, no está en discusión la necesidad de una ley de acceso a la información. Son los funcionarios los que tratan de reservar ese tipo de datos que seguirán sin estar disponibles mientras la sociedad no presione y reclame este derecho”, afirma el economista Abraham Gak, director de Fénix.

Según el investigador y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Sergio Arribá, el derecho de acceso a la información pública fue conocido en la Argentina a través de los medios de comunicación social y las organizaciones no gubernamentales que promovieron la discusión de esta temática. “Pero la agenda de gobierno está condicionada por las demandas sociales, más allá de la agenda de los medios. Esta es la gran debilidad que posee nuestro país al respecto: no es un derecho demandado por la sociedad, ni instalado por el Estado en el orden de prioridades de la generación de políticas públicas. Y el espíritu de la generación de las normas jurídicas responde, mayoritariamente, a necesidades que reclama –activa o pasivamente– la sociedad”, asegura.

El decreto 1172/03 establece que toda persona tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información pública de manera libre, gratuita y sin necesidad de especificar para qué se la requiere. Están obligados a proveerla todos los organismos, empresas y dependencias que funcionen bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional; las organizaciones privadas a las que se hayan otorgado subsidios o aportes provenientes del sector público; las instituciones cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado Nacional; las empresas privadas a las que se les haya otorgado la prestación de un servicio público o la explotación de un bien del dominio público. En un plazo de diez días hábiles estas dependencias deben cumplir con el pedido, salvo que existan dificultades para reunir la información y el plazo se extienda por diez días más.

Sin embargo, “una cosa es lo que dice la ley y otra lo que pasa en términos reales”, señala Emiliano Delio, profesor de Derecho a la Información en la UBA. “En la materia que dicto, desde 2004 los alumnos realizan un trabajo práctico que consiste en hacer un pedido de información al Estado. Las respuestas efectivas a estos pedidos alcanzan algo más de la mitad del total. El resto no se responde”, explica el docente. “Entiendo que esto ocurre por dos razones: ineficiencia y ocultamiento. Además, no sólo la negativa puede estar del lado del funcionario de rango, sino también por parte del empleado público, que no tiene incorporada la noción de acceso a la información pública, en muchos casos por temor a una represalia de un superior.”

N/S-N/C. Este medio intentó acceder a datos oficiales que den cuenta de la cantidad de pedidos de informes que se realizan y releven la participación ciudadana, pero no fue posible obtener números actualizados. Tampoco declaraciones sobre el tema. Los últimos datos disponibles, publicados en la página web de la Subsecretaría para la Reforma Institucional y el Fortalecimiento de la Democracia –encargada de aplicar el decreto 1172/03– datan de 2008. Esas estadísticas oficiales evidencian que son muy pocas las personas que solicitan información en las oficinas públicas. Entre 2004 y 2008, se presentaron 4.511 pedidos de información al Poder Ejecutivo (ver infografía). En el 65,80% de los casos fueron hechos por particulares. Le siguieron las organizaciones de la sociedad civil con un 21,85% y los periodistas con un 4,68%. En menor medida, lo hicieron los actores políticos (2,88%), empresas (2,16%), entidades públicas no estatales (1,44%) y académicos (1,19%).

Los organismos que reciben más pedidos de información son: el Ministerio de Salud, la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Planificación. Los siguen la cartera de Economía, la de Educación y el Ministerio del Interior. La mayoría de las solicitudes están relacionadas con el proceso de implementación de políticas públicas. En segundo lugar se encuentran los pedidos sobre asignación de presupuesto y, en tercer lugar, se busca información sobre la política de recursos humanos de los organismos.

Los especialistas consultados coinciden en que no será sencillo cambiar cierta “cultura del secreto” con la que se rige mayoritariamente el Estado argentino. De 2007 a 2010, la Cámara de Diputados presentó dieciséis proyectos de ley, y otros nueve el Senado. Un total de 25 proyectos en sólo tres años, que no dieron resultado alguno. La flamante gestión de gobierno puede ser el momento oportuno para sancionar finalmente una ley que asegure la plena vigencia de este derecho. Su aprobación, confirmaría los propósitos democratizadores presentes en distintas políticas comunicacionales implementadas desde 2003. Como señala Arribá: “Después de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la modificación del Código Penal que elimina las penas de prisión para los delitos de injuria y calumnia referido a asuntos de interés público, y la creación del Programa Conectar Igualdad, el kirchnerismo está nuevamente ante una posibilidad histórica. Si logra promover la sanción de una ley de derecho al acceso a la información pública, podría constituir un modelo de comunicación inédito en la historia de nuestro país”.

Plan Fénix

Proy. Estratégico de la Fac. de Cs. Económicas, UBA

“La sanción de una ley de acceso a la información pública impediría que los gobiernos difundan datos distorsionados sobre pobreza, inflación, subsidios al sector privado o padrones de programas sociales, entre muchos otros que resultan necesarios para el diseño, la evaluación y el control de ejecución de las políticas públicas.”

Emiliano Delio

Profesor de Derecho a la Información, UBA

“Los gobiernos populares deben rendir cuentas a sus pueblos. Quienes los votan, tienen derecho a saber cómo son asignados los recursos del Estado y cuáles son los fundamentos y las decisiones que se toman desde el poder. De esa manera se ve el compromiso o no con su electorado. Así se puede generar una democracia más representativa y participativa.”

Sergio Arribá

Docente e investigador de la Fac. de Cs. Sociales, UBA

“El derecho de acceso a la información pública se origina a raíz de un pedido de socializar la información y así, limitar su secrecía. Su ejercicio posibilita un incremento de la transparencia en la administración gubernamental y una reducción de los casos de corrupción.”

Damián Loreti - Laura Zommer

Abogados, docentes, especialistas en Derecho a la Inf.

“Cambiar la cultura del secreto que mayoritariamente impera en el Estado argentino no será tarea sencilla y llevará muchos años. Para que el ejercicio del derecho a la información se encuentre vigente en el país aún restan pasos importantes que dar. Uno de ellos supone que todo individuo conozca la existencia de este derecho y de las normas que lo regulan.”