Es por su posible participación delictiva con el funcionamiento del prostíbulo. El Procurador Juan Martín Colombo, presentó una nota ante la Oficina para la Descentralización, para que se disponga desde el Ejecutivo el procedimiento
A partir de la sentencia por trata de personas de Casita Azul –un emblemático prostíbulo del barrio de La Perla-, donde los magistrados pidieron investigar la posibilidad de que agentes municipales pudieran tener alguna vinculación delictual, el Procurador municipal, Juan Martín Colombo, elevó una nota al titular de la Oficina para la Descentralización a través de la cual planteó labrar un sumario administrativo para indagar al respecto.
Después de que fue publicada en El Atlántico la sentencia en la causa Del Valle Carabajal-Muelas, el Procurador redactó una notificación dirigida a Pablo García, secretario de la Oficina para la Descentralización y Mejora de la Administración de la Municipalidad de General Pueyrredon.
En un pasaje del fallo, el tribunal ordenó “que se investiguen las conductas del comisario de la seccional policial que corresponde al domicilio donde la explotación se llevaba a cabo en el tiempo señalado en el presente”, y también “la de los funcionarios municipales que deberían haber vigilado las condiciones en las que fuera habilitado el prostíbulo denominado ‘Casita azul” y la de cualquier otro de los garantes que hubieran podido impedir la situación de sumisión que surge de dicha causa”.
Frente a esta disposición del Tribunal Oral Federal Nº 1, integrado por Mario Portela, Roberto Falcone y Néstor Parra, Colombo indicó: “Entiendo que el Municipio debe actuar de modo similar”. Y sumó: “Sobre la base de las consideraciones vertidas en la causa y la sentencia, debe propiciar un procedimiento disciplinario –sumario administrativo– con el fin de investigar la actuación de los agentes municipales y, en su caso, determinar su responsabilidad administrativa”.
“Para lo cual, debe dictarse el pertinente acto administrativo –decreto o resolución– disponiendo el inicio del sumario. A dicho fin es que doy intervención al órgano a su cargo”, expresó.
El Procurador recordó los principios establecidos por el segundo artículo del decreto municipal 292/2011, que vino a reglamentar –ocho meses después- la ordenanza que prohíbe los establecimientos donde se promueva o facilite la explotación sexual de mujeres, que es la herramienta que el Municipio utiliza para jactarse de su lucha contra la trata.
En ese ítem, quedó establecido que las acciones de la autoridad de aplicación deberán ajustarse a los principios de: “proactividad en todas las actuaciones que emprenda vinculadas con la prevención y la sanción de la trata de personas”; “eficiencia y celeridad en las actuaciones”; “confidencialidad y reserva en el manejo de información y en las actuaciones que emprenda”; “centralización” para que actúe la menor cantidad posible de órganos y funcionarios; “cooperación y coordinación intra e interinstitucional, requiriendo y ofreciendo la colaboración necesaria; “protección a la víctima”; y “vigilancia del marco general de respeto de derechos humanos de todos los sujetos involucrados en sus actuaciones”.
En la causa Casita Azul fueron encontrados responsables del delito de trata de personas Graciela del Valle Carabajal, Eduardo Adolfo Muelas y su hijo Marcelo Luciano Muelas. Ellos, recibieron y acogieron a once jóvenes extranjeras -diez paraguayas y una dominicana- con fines de explotación sexual. Mediaron para ello el abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas. El delito fue agravado por haber sido cometido en forma organizada por más de tres personas, por la pluralidad de víctimas; y por la explotación económica de la prostitución ajena a través del abuso de una relación de autoridad. Recibieron, en un juicio abreviado, cuatro años de prisión y un costoso automóvil secuestrado les fue devuelto.
Por Belén Cano / Diario El Atlántico
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