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lunes, 8 de marzo de 2021

Rigel: a 33 meses, preparan una marcha para que se cumpla la orden y bajen los buzos

Los familiares siguen a la espera de que el Estado cumpla con la orden emitida por la Justicia en octubre de 2019 y bajen los buzos al casco del buque.

A 33 meses de su salida del Puerto de Mar del Plata y próximo a cumplirse un nuevo mes desde el hundimiento, las familias de los ocho tripulantes desaparecidos del buque pesquero Rigel anunciaron una nueva movilización y acto para seguir exigiendo que el gobierno nacional cumpla con la orden judicial y bajen los buzos para hacer inspecciones y recuperar los restos de sus seres queridos. “Ya no encontramos la manera”, lamentan.


El viernes se cumplieron 33 meses desde la última vez que el buque de la empresa Pesca Nueva S.A zarpó por última vez de la terminal portuaria y el martes se cumplirá la misma cantidad de meses de su hundimiento: ese día, los familias marcharán desde el Monumento al Pescador a las 16 rumbo a la Banquina, donde realizarán un acto.


“Vamos a pedir que se cumpla la manda judicial del doctor Gustavo Lleral y a la vez informarle a la gente que llevamos 33 meses de la desaparición de nuestros hijos y a 17 meses que el Estado no cumple con la manda judicial“, señaló a Qué Digital Hugo Amadeo, padre de una de las víctimas y una de las caras visibles de la extensa, cansadora y desgastante pero sostenida lucha que llevan adelante.


El principal pedido tendrá que ver con la orden judicial y que se concrete de una vez el operativo que proyectó el gobierno mediante la elaboración de los pliegos licitatorios, que consta de la “localización, identificación fehaciente e inspección subacuática completa externa e interna del buque pesquero Rigel (matrícula 0266), tendientes a recabar toda la información inherente a las causas y demás circunstancias que rodearon al siniestro, y a rescatar los cuerpos de las víctimas de dicho siniestro, que allí pudieran encontrarse“.


“Ya no encontramos la manera. Hemos hecho marchas hasta en Buenos Aires, con 300 personas frente al Ministerio de Seguridad, y no dan respuestas”, dijo lamentándose por las promesas incumplidas por parte de funcionarios de la actual gestión. “Es muy desgastante todo esto“, añadió.


La decisión del juez Ramos Padilla alcanza a tres agentes que actuaban como nexo entre los jefes de las delegaciones de la AFI y el director Pablo Pinamonti.

Cabe recordar que la última movilización de 2020 había sido en Capital Federal, puntualmente frente a las oficinas de Sabina Frederic, quien se encuentra a cargo del Ministerio desde el cual se deben emitir los pliegos licitatorios tendientes a completar el operativo dispuesto por el Juzgado N°2 de Rawson, a cargo de Lleral.


El cumplimiento de la manda, emitida hace 17 meses, continúa prácticamente en los mismos términos desde el inicio de la pandemia y, mientras tanto, los familiares siguen esperando que tantas promesas escuchadas desde la campaña electoral y desde la asunción del actual gobierno, finalmente se haga caso a lo resuelto por el juez.


EL HUNDIMIENTO DEL RIGEL

El 5 de junio de 2018, el Rigel partió del Puerto de Mar del Plata. Había sido botado hacía 50 años y había pasado recientemente a la tutela de la empresa Pesca Nueva SA. El 9 de junio naufragó frente a la costa de Rawson y finalmente el pesquero fue localizado tras 23 días de búsqueda.


De sus tripulantes, solo hallaron el cuerpo del capitán y uno de los dueños del buque, Salvador Taliercio, mientras que Nahuel Navarrete, Rodrigo Sanita, Néstor Rodríguez, Cristian Osorio, Rodrigo Blanco, Jonatan Amadeo, Carlos Rodríguez y Pedro Mierez permanecen desparecidos.


La lucha de las familias se centró desde un primer momento en recuperar cuanto antes los restos de sus seres queridos, algo que -en medio de la importancia clave de cada día que pasa- esperaban alcanzar rápidamente desde la orden judicial emitida desde el propio Juzgado Federal N°2 de Rawson, el 9 de octubre de 2019, pero que luego los encontró con la paralización de la pandemia.


En 2020, tras el cambio de autoridades, a principios de marzo el gobierno nacional se había comprometido -tras una fuerte insistencia de las familias por las distintas dependencias ministeriales en Capital Federal- a armar los pliegos necesarios para llevar adelante el operativo en cumplimiento a la orden. Sin embargo, tras la demora en la confección y detalles técnicos en la presentación de los mismos, el paso clave para que se desarrolle el operativo se encuentra estancado.


En paralelo a esas demoras ya insoportables para las familias, y el lento avance de las causas penal y civil en torno al siniestro, también se enteraron que producto de su lucha y exigencias al gobierno de Mauricio Macri, también habían sido víctimas de espionaje ilegal en el marco de la causa iniciada tras la denuncia de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, en la cual las familias se constituyeron como querellantes.


Fuente: quedigital.com.ar

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