El área municipal resolvió que, a través de su estrategia comercial, la entidad afectaba especialmente los derechos de los jubilados y pensionados que perciben sus haberes.
La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Dirección General de Protección al Consumidor sancionó a una entidad bancaria tras detectar que, a través de su estrategia comercial, la entidad afectaba especialmente los derechos de los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través del banco.
En este sentido, desde la Dirección municipal explicaron que “en virtud de ser responsables de la tutela de los intereses de los consumidores, vemos necesario tomar todas aquellas medidas tendientes a garantizar una tutela efectiva de aquellos intereses, de modo especial a través de una actuación preventiva por parte del Estado municipal para anticipar la protección ante lesiones a abusos por parte de los proveedores de bienes y servicios”.
Seguidamente, afirmaron que “se analizó una repetida conducta de una entidad bancaria, por la cual se afectaban especialmente los derechos de los jubilados y pensionados que perciben sus haberes en dicha entidad. La estrategia comercial que se ha analizado y sancionado, tiene como epicentro un aprovechamiento por parte del Banco de la vulnerabilidad especial de este sector de los consumidores”.
Entre las principales prácticas abusivas detectadas se encuentran: venta forzosa de multiproductos, utilización abusiva de los servicios crediticios, restructuración ilegítima de deudas de los consumidores, adhesiones a cargos no consentidos ni solicitados, falta de medición de la capacidad de pago de los usuarios, estrategias de información confusa, equívoca y escueta, y afectación de una porción ilegítima del haber previsional, comprometiendo la naturaleza alimenticia las jubilaciones.
La comprobación de estas inconductas instó a la Dirección a tomar la siguiente resolución, que resulta de cumplimiento obligatorio a partir de la notificación efectuada recientemente por esta oficina: 1) Solicitar al Sr. Juez de Faltas interviniente que fije una multa de $2.500.000 por la violación al estatuto normativo de defensa del consumidor; 2) la orden de abstención para que el banco deje de otorgar servicios crediticios a jubilados o pensionados que cobren sus haberes en las sucursales de dicha entidad radicadas en el Partido de General Pueyrredón, que superen el tope del 30% de sus haberes netos a percibir; 3) la readecuación de los préstamos vigentes a los criterios anteriormente descriptos; 4) una obligación de publicar la medida adoptada en el portal web de la entidad y en la sedes físicas de sus sucursales locales; 5) un giro informativo de esta actuación de oficio a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, a la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, a la Fiscalía General del Departamento Judicial de Mar del Plata, a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y al Banco Central de la República Argentina, a efectos de su conocimiento y oportuna intervención en la medida de sus atribuciones.
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