En los últimos días trascendió que la AFIP se apresta a lanzar un nuevo régimen de liberalización de compras on line al exterior, por medio del servicio de “puerta a puerta”. APYME expresa su rechazo a esta iniciativa, que significaría un nuevo impacto negativo sobre la industria nacional y las Pymes comerciales.
En el nuevo marco se habilitaría a realizar hasta cinco compras anuales por un monto máximo de mil dólares cada una, con envíos que no podrán superar los 50 kilos y un máximo de tres unidades del mismo producto. Aunque se dice que las compras no deben tener finalidad comercial, esto no impide que los productos adquiridos de este modo puedan comercializarse a través de sitios y redes para su reventa vía internet.
En el nuevo marco se habilitaría a realizar hasta cinco compras anuales por un monto máximo de mil dólares cada una, con envíos que no podrán superar los 50 kilos y un máximo de tres unidades del mismo producto. Aunque se dice que las compras no deben tener finalidad comercial, esto no impide que los productos adquiridos de este modo puedan comercializarse a través de sitios y redes para su reventa vía internet.
También se informó que se establecería recargo impositivo de 50% sobre las compras por encima de 300 dólares. Distintas fuentes sectoriales han manifestado que aún con este recargo entrarían al país productos con un precios finales inferiores en un 50% a los del mercado local.
APYME advierte que las erráticas políticas actuales en materia de comercio exterior han desatado una ola de importaciones que está afectando seriamente a múltiples sectores productivos. Esto ocurre en un marco de fuerte caída en las ventas del mercado interno, incertidumbre sobre el costo de servicios públicos a raíz de los tarifazos, falta de crédito y ahogo impositivo para las Pymes.
Estos factores configuran una situación de emergencia para el conjunto de las micro, pequeñas y medianas empresas, problemática que no fue atendida por la ley recientemente sancionada.
La entidad pide a las autoridades nacionales que tomen nota de esta realidad y reconsideren seriamente cualquier medida que signifique un nuevo factor en contra de la competitividad de los productores y comerciante locales, lo que redundará en menos ventas, más cierre de empresas y disminución de la actividad y el empleo.
Resultaría letal para el país seguir ahondando en políticas de liberalización económica que, como ocurrió en el pasado, sólo favorecen a sectores concentrados y multinacionales en desmedro del entramado productivo local, las Pymes, los asalariados y los sectores más vulnerables de la sociedad.
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