Asistimos con estupor a las declaraciones del recién electo presidente de la Nación que reclaman la renuncia de la Procuradora General de la Nación.
El pedido no es más que una intervención en un poder autónomo, según designio constitucional, para el que la Dra. Gils Carbó fue designada con acuerdo del Senado.
La remoción de un funcionario de ese nivel sólo se puede producir, como en el caso de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por vía de juicio político.
Pretender que un cambio de gobierno autoriza la remoción de la Procuradora General de la Nación sólo puede enmarcarse en una lógica inconstitucional y antirrepublicana.
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