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domingo, 14 de diciembre de 2014

A un año de los saqueos no hay detenidos

por Pablo Falcone / Diario La Capital

Aún debe definirse la situación de la mayoría de los acusados. La fiscalía federal ya solicitó que siete policías y tres civiles sean imputados por el delito de sedición. El juez federal, Alejandro Castellanos, aún debe decidir si le corresponde tomar el caso.

Fueron 24 horas de miedo. Desde la noche del 8 hasta la noche del 9 de diciembre de 2013, Mar del Plata se convirtió en un caos: calles desprotegidas, locales robados y comerciantes armados para cuidar la mercadería fueron la postal del descontrol que vivieron muchos barrios de la ciudad. A un año de esos saqueos que pusieron en vilo a Mar del Plata, la Justicia aún no resolvió si llamará a indagatoria a los siete policías y a los tres civiles acusados de "sedición" por el acuartelamiento que provocó que la ciudad se quedara sin seguridad. La demora se produce porque todavía no se definió quien será el juez de la causa: Alejandro Castellanos - de turno en los caóticos días- debe decidir si la competencia del caso queda a su cargo.


Para los 56 acusados de saqueadores, el recorrido en los tribunales fue por distintos caminos. Pero todos tienen algo en común: ninguno está preso. Treinta de los imputados esperan saber si deben ir a juicio oral, cuatro tienen una suspensión de juicio a prueba por tres años, uno se encuentra en rebeldía (no se presentó en tribunales y no se lo puede encontrar) y veintiún fueron sobreseídos.
Los saqueos llegaron a la ciudad como un efecto dominó de lo que pasaba en el resto del país. La tarde del 8 de diciembre del año pasado la protesta comenzó en el cuerpo de Caballería de Camet: familiares y efectivos de franco se reunieron para reclamar mejoras salariales y laborales. La onda expansiva de esta decisión repercutió de inmediato en el resto de la ciudad. Los policías de distintas cuadrículas dejaron de patrullar y se reunieron en sus comisarías. Mar del Plata estaba desprotegida. Con el correr de las horas, la noticia del acuartelamiento policial se extendió y los saqueos no tardaron en llegar: los primeros se produjeron en locales comerciales del centro. De ahí se trasladaron a distintos barrios de la ciudad: El Martillo, Mirador de Peralta Ramos, Florencio Sánchez, y General San Martín fueron los más afectados. También se registraron casos en la zona comprendida entre la avenida Fortunato de la Plaza, Juan B Justo y Luro. Los supermercados y comercios barriales fueron los principales blancos de los saqueadores. Además, los bancos cerraron, los colectivos dejaron de funcionar y la mayoría de los comercios bajó sus persianas. Mientras la ciudad estaba desprotegida, el reclamo policial se concentró en la comisaría primera. Ahí, contrarreloj, se realizaron intensas negociaciones para terminar con la medida de fuerza. Hasta que la noche del 9 de diciembre el jefe de la Policía bonaerense, Hugo Matzkin y el intendente Gustavo Pulti anunciaron el fin del conflicto luego de que el gobernador Daniel Scioli dispusiera un aumento salarial para los integrantes de la policía bonaerense. El sueldo básico sería de 8570 pesos.
Con esta decisión, la ciudad volvía a la calma pero quedaban las secuelas del desbande y la desolación de los comerciantes que perdieron todo. En cambio, el recorrido judicial recién comenzaba.
A la espera de la indagatoria
El caso de los policías acuartelados recayó
en el fiscal federal, Pablo Larriera, quien, luego de casi un año de investigación, presentó el 13 de noviembre pasado en la justicia federal una denuncia y pedido de indagatoria contra siete policías y tres civiles por el delito de ?sedición?. Carlos Gustavo Pampillón, la expolicía Virginia Sosa, y Nicolás Masi, quien dijo ser secretario del Sindicato Policial Buenos Aires, fueron los civiles apuntados por el fiscal.
En la prueba presentada en contra de los acusados hay
extractos de declaraciones en redes sociales, llamados al 911, investigaciones de la Justicia provincial como consecuencias de los saqueos, artículos periodísticos, y declaraciones testimoniales. ?El personal policial se valió de la disposición de los recursos que le dotara el propio Estado ?patrulleros, chalecos antibalas, pistolas, escopetas, y munición- a efectos de arrancarle un aumento de sueldo a las autoridades, dejando desprotegida en dicho lapso a toda la población en su conjunto, situación que a su vez generó en ciertos sectores la decisión de cometer diversos ilícitos aprovechando dicha circunstancia?, sostiene la denuncia del fiscal.
En los registros obtenidos de diferentes llamadas el 8 y 9 de diciembre del 2013 al 911, hubo personas que ?llamaron a las 15 horas y nunca fue un móvil". "Robaron y rompieron todo. Un señor expresó que el hijo se dirigió a la comisaria tercera a efectuar una denuncia y no le tomaron porque no iban a atender a nadie, a pesar de que el personal estaba en el interior", explica el fiscal.
En la denuncia, al mencionar la responsabilidad de los civiles, se deja en claro que Pampillón ?incitó al acuartelamiento de la fuerza policial". Similar responsabilidad cayó sobre a la expolicía Virginia Sosa, quien habría sido "otra de las principales instigadoras.
Y por su parte, Nicolás Masi, en su carácter de autodenominado secretario de SIPOBA, ?llevó a cabo, a sabiendas y con intención, una serie de actividades de difusión, propagación e incitación, con la finalidad de conseguir que las autoridades del gobierno provincial dispusiera un aumento salarial, dejando de esta forma de prestar servicios, con la consecuente desprotección ciudadana que ello trajo aparejada?.
Todas estas acusaciones deberán ser analizadas por un juez federal, quien resolverá si imputa a los policías y los civiles. Para eso, Alejandro Castellanos debe resolver si queda a cargo de la causa y, de ser así, tendrá que tomar una decisión sobre los acusados de haber cometido el delito de sedición.
Los saqueadores
Las causas de los 56 detenidos durante los saqueos están en la justicia provincial y, por ahora, no tienen ningún detenido. 30 de los imputados esperan saber si deben ir a juicio oral, 4 tienen una suspensión de juicio a prueba por tres años, uno se encuentra en rebeldía y 21 fueron sobreseídos.
De los 30 imputados que no tienen definido si irán a juicio,
15 están acusados de haber saqueado la feria comunitaria ubicada en la avenida Fortunato de La Plaza y Heguilor. El fiscal de flagrancia, Gabriel de Marco, ya pidió que la causa sea elevada a juicio y aún resta que el juez de Garantías, Saúl Errandonea, tome un decisión que podría conocerse durante el transcurso de esta semana. En cambio, los restantes quince imputados tienen sus causas en trámite y el fiscal debe definir si solicita la elevación a juicio.
De los 4 acusados a los que se le dispuso la suspensión de juicio a prueba por tres años, la Justicia le puso como condición que deben fijar un domicilio fijo, estar a disposición del Patronato de Liberados, realizar tareas comunitarias y reparar el daño producido. Si cualquiera de estos requisitos no se cumple, irán presos.
De los 21 sobreseídos, veinte estaban acusados de saquear un supermercado chino. Pero la Justicia no pudo comprobar que tuvieron participación en el hecho pese a que fueron aprehendidos cerca del lugar.
El rebelde es un hombre que debía presentarse en tribuanles pero no lo hizo. Un año después, la Policía lo sigue buscando para detenerlo.
HISTORIA 1: "No reponemos mercadería por temor a que vuelvan a robarnos"
El supermercado chino de "Marcelo" fue arrasado durante los saqueos. Su imagen en el medio de las estanterías vacías conmovió a la ciudad hace un año atrás. "Me robaron hasta la cuna del bebé", le contó a LA CAPITAL ese día.
Un año después en el supermercado ubicado en Calabria al 4000 sigue el miedo. Las góndolas están semivacías y hay dos hombres para custodiar la seguridad. "No estamos reponiendo las mercaderías porque llega diciembre y tenemos miedo de que vuelvan los saqueos", cuenta la mujer de Marcelo, quien escucha a un costado y pide que no le saquen fotos.
Volver a poner en marcha el supermercado no fue fácil. Un hermano del comerciante chino les prestó plata para poder comprar mercadería y así poder llenar las góndolas de nuevo para reabrir el negocio. "Sólo nos ayudaron la familia y los vecinos. De la Municipalidad nadie nos dio un peso. Todo lo hicimos con mucho esfuerzo", explica la mujer.
Y cuenta que el miedo de volver a sufrir los saqueos perjudica las ventas: "Los clientes se quejan porque tenemos las góndolas vacías pero después de lo que pasamos no podemos arriesgarnos a que nos roben todo de nuevo".
HISTORIA 2: El comercio que al final pudo abrir
Para el dueño del supermercado ubicado en Vértiz y Jacinto Peralta Ramos, los saqueos significaron un golpe a su ilusión. Es que ese domingo 8 de diciembre, Walter estaba preparando todo para inaugurar al miércoles siguiente. Pero, de repente, aparecieron los saqueadores y le destrozaron el comercio. Hoy todavía se ven las consecuencias: algunas estanterías no fueron reparadas y una computadora sigue sin funcionar. A pesar de todo, el supermercado pudo abrirse. "Lo hicimos gracias a mucho sacrificio, mucho trabajo y a la ayuda de la familia y los proveedores", le cuenta Walter a LA CAPITAL. Después de los saqueos, el comerciante recibió promesas de que iban a ayudarlo para recuperarse. Pero el Estado nunca le tendió una mano. "Ni la Municipalidad ni la provincia nos dieron nada. Nadie nos dio un peso. Ni siquiera la compañía de seguro que nos presionó y no nos dio un centavo", explica.
Después de los saqueos, Walter cuenta que ante la llegada de diciembre aumenta la preocupación porque teme que la historia pueda repetirse. "Después de lo que pasamos, ésta no es una fecha más para nosotros. Tenemos que prepararnos y tomar precauciones por las dudas de que quieran robarnos de nuevo", dice.
HISTORIA 3: El mercado que bajó las persianas
Una de las esquinas de Antártida Argentina y Heguilor parece haberse quedado en el tiempo. Los pastos están altos, las persianas del local se mantienen bajas y en el departamento de arriba puede verse el cartel de "se alquila".
Son las huellas que dejaron los saqueos del año pasado cuando algunos vecinos del barrio Florencio Sánchez arrasaron con todo lo que había en su interior. Ocurrió a la tarde del lunes 9 de diciembre y las fotos de LA CAPITAL muestran cómo los saqueadores se llevaban la mercadería hasta en motos. Un año después, el supermercado no volvió a abrir y el local sigue sin alquilarse.

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