El proyecto de Maestranza y de Empleados de Casino será presentado en la legislatura en los próximos días. Plantean que el 80 % de la ganancia vaya a la Provincia, un 10 % a insumos y otro 10 % a los trabajadores
Estatizar la administración de las 3.860 máquinas tragamonedas que operan en los doce casinos de la provincia de Buenos Aires es el objetivo del proyecto de ley que en conjunto elaboraron la Asociación gremial de trabajadores de Maestranza y el sindicato de Empleados de Casinos Nacionales.
La iniciativa, que también propone el reparto de las ganancias anuales de las máquinas entre el Estado y el personal, ingresará en los próximos días a la Legislatura bonaerense, con la esperanza de que “rápidamente se discuta en comisiones”.
“Es que no hay que perder de vista que 2013 es un año crucial, porque más de la mitad de las concesiones dadas en los años noventa y prorrogadas luego empiezan ahora a vencerse. Por eso es momento de debatir esta propuesta de los trabajadores y tomar definiciones sobre los recursos y ganancias del juego en la Provincia”, argumentó Roberto Páez, secretario general del sindicato de Administración, Maestranza y Servicios de Casinos.
Según contó el dirigente a El Atlántico, en 2012 las máquinas tragamonedas “generaron más de $800.000.000 de ganancia”. “Y de ese total -advirtió- sólo la mitad fue a parar al Estado. Los operadores privados recaudaron $400.000.000”. Es que ese año, según Páez, se jugaron más de $4.000.000.000 en moneditas de $0.10, $0.25, $0.50 y $1.
“La verdad que entendemos que esos recursos tienen que ser del Estado, más en un contexto económico complicado para la Provincia. Es una manera legítima de recuperar fondos vitales para su administración y funcionamiento. Así que hay que aprovechar el vencimiento de las concesiones, porque es una forma de no violar la seguridad jurídica de los privados, y evitar juicios”, dijo el referente en defensa del proyecto de ley para estatizar el juego.
Acerca de la iniciativa, más allá de sus fundamentos, Páez señaló que proponen una distribución de los ingresos que surgen de las 3860 máquinas tragamonedas que hay en los doce casinos provinciales.
“Establecemos que el 80% de los recaudado quede para el Estado bonaerense, un 10% para un fondo afectado para insumos, mantenimiento y renovación de tragamonedas, y el otro 10% para el salario de los trabajadores”, sintetizó el dirigente, en nombre también del sindicato de Empleados que conduce Jorge Baino.
“El Estado necesita esos fondos y ésta es una manera legítima de obtenerlos. Claro que se trata de una decisión política de fondo. Esperemos que haya acuerdo y se logre terminar con las concesiones privadas”, deslizó Páez.
Para ejemplificar los beneficios de la administración pública del juego, el dirigente citó la reciente estatización de la limpieza en los Casinos de Mar de Ajó, Necochea y Monte Hermoso. “Terminaron con la terciarización y mantuvieron al personal, todo en blanco. De este modo, la Provincia se ahorrará unos $4.000.000. Es un paso importante y tiene que seguir hacia el resto de los casinos del territorio”, consideró Páez hacia el final.
ALGUNAS A FAVOR DE ESTATIZAR
A mediados de septiembre de 2012, en un “Foro de Políticas de Estado y Juego” que se desarrollo en Mar del Plata, el vicegobernador de la Provincia, Gabriel Mariotto, sostuvo que la actividad “tiene que tener una presencia importante del Estado”.
“Todos los sectores buscan transparentar esta actividad que estuvo sospechada, porque los funcionarios se hicieron los distraídos mucho tiempo, porque es una actividad que tiene dinero muy fácil. Entonces que mejor que transparentarla, discutirla honestamente para que los empresarios puedan desarrollarla sin estas sospechas y los trabajadores puedan tener un trabajo digno con la justicia social que exige sus gremios”, subrayó por entonces el referente kirchnerista en la gestión de Daniel Scioli.
En esta línea, a mitad de julio del año pasado, el presidente del bloque de diputados provinciales por la Coalición Cívica-ARI, Walter Martello, presentó en Mar del Plata su libro “No Va Más”, sobre los vínculos entre el Juego y la Política en la provincia de Buenos Aires desde tiempos de las gobernaciones de Duhalde hasta la actualidad.
En ese momento, Martello planteó que la estatización del juego “traería alivio fiscal a la Provincia, que no puede conseguir $2.200 millones para pagarle el aguinaldo como corresponde a los docentes, policías, médicos de hospitales y el resto de los empleados públicos”.
“El juego recauda por año -según cálculos del legislador- unos $12 mil millones en la Provincia, y gran parte de esos recursos se lo queda un puñado de empresas. Por eso planteamos e impulsamos la estatización de este sistema”, arengó el diputado en su disertación en la ciudad.
A propósito, dijo que en Mar del Plata “en su último balance trimestral del 2012, Codere, la multinacional española del juego, reconoció que en un año aumentó 10% el parque de tragamonedas, pasando de 5.053 a 5.566”. “Esto fue producto, principalmente, del traslado de la sala de Mar del Plata, que ahora funciona en un local mucho más grande. Pero el dato que no hay que soslayar es el de casi 500 máquinas más en un sólo distrito”, destacó, no sin mencionar y hablar sobre la ludopatía que “va en alza”.
“Y de los $12 mil millones que recauda el rubro, sólo se destina $3 millones para atender a los ludópatas. Paradójicamente, el Programa de Atención al Juego Compulsivo depende actualmente de Lotería y Casinos y no de la Subsecretaría de Atención a las Adicciones del Ministerio de Salud bonaerense. Con lo cual, se minimiza e ignora que la ludopatía es una conducta descontrolada, apenas por debajo del alcoholismo y tabaquismo”, advirtió.
Antes del cierre de la disertación, el dirigente de la Coalición aclaró que con el libro “no busca quedarse en la mera denuncia”. “Todo lo contrario: planteamos como medida de fondo una estatización de la actividad para terminar con las intrincadas y oscuras relaciones entre los actores que controlan el multimillonario negocio del juego y el poder político. Y así evitar que los pobres, los laburantes, los padres y madres de familias, se vean insertos en un perverso círculo vicioso que arruina sus vidas”, completó.
Por Andrea Pérez / Diario El Atlántico
No hay comentarios:
Publicar un comentario