Este jueves 22 de febrero venció el plazo que tenía la integrante del Grupo Clarín para cumplir con la orden judicial dictada por el juez federal platense Adolfo Gabino Ziulu.
Ante este panorama el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bonicatto, solicitó al Juzgado Federal N°2 de La Plata, que remita copias de estas actuaciones a la Justicia Federal Penal de turno, a fin de que se investigue la comisión del delito de desobediencia por parte de la prestadora, tipificado en el artículo 239 del Código Penal, confirmaron fuentes del caso a Diagonales.com.
El Código Penal establece que el o los autores de este delito serán reprimidos “con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”.
Además Bonicatto le requirió al juez que, ante los reiterados incumplimientos de los fallos por parte de Cablevisión, intime a la empresa con una multa de 100.000 pesos, desde la fecha, por cada día que no cumpla con la medida cautelar que le exige ajustar a su tarifa a 130 pesos, como determinó la Secretaría de Comercio de la Nación.
Fuente: Diagonales
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