Fue durante la presentación pública de su informe anual sobre la situación en las cárceles, que da cuenta de más de 7.000 violaciones a los derechos humanos y 126 muertes a lo largo de 2011 en unidades penitenciarias. El vicegobernador Gabriel Mariotto recibió en mano una copia del documento y se comprometió seguir el tema desde el Senado.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó esta tarde el informe denominado “El sistema de la crueldad VII” en el Auditorio del Pasaje Dardo Rocha de La Plata junto al vicegobernador Gabriel Mariotto, legisladores, intendentes, jueces y concejales.
En este marco, el co-presidente de la CPM, Hugo Cañón, planteó la necesidad de una “decisión política completa” por parte del Estado provincial para generar “un cambio de raíz” en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Mariotto recibió el documento que consta de 300 páginas en las que se denuncian diversos casos torturas, vejaciones, superpoblación, homicidios, corrupción, falta de atención médica y otras violaciones en las cárceles de la provincia de Buenos Aires durante todo el 2011.
“Tenemos que desandar un largo camino y, por eso, todos los bloques (de la Legislatura) venimos a dar respuestas de conjunto”, dijo el vicegobernador en diálogo con AgePeBA.
Además, explicó que está permanentemente “en contacto con la CPM para que todo aquello que detecten en sus investigaciones” pueda llegar a un ámbito institucional como el Senado porque “nadie puede cambiar una realidad que no ve”.
”Nosotros nunca hemos cajoneado ninguno de los temas que han llegado. Avanzamos en el mecanismo de la prevención de la tortura, estamos trabajando en la creación de la Policía Judicial y de la Comunal, en la autonomía de la defensa, en nueva ley para la secretaría de enjuiciamiento, otra para el consejo de la magistratura… Son aspectos que hacen a un todo”, explicó Mariotto.
El titular de la Cámara alta también remarcó la necesidad de discutir el autogobierno de la Policía Bonaerense: “Desde mi posición filosófica, creo que es importante que haya una construcción política de la fuerza y lo importante es que esto se discuta en la agenda política”.
Cañón calificó como “muy significativa” la presencia de Mariotto y explicó a esta agencia que se encuentran trabajando en conjunto sobre “el protocolo facultativo para hacer tareas preventivas respecto a las torturas en las cárceles. Vamos a coordinar algunos proyectos de ley que nos parecen esenciales para establecer pautas de una sociedad más democrática, igualitaria y participativa”.
También celebró que el gobernador Daniel Scioli reconozca que existen torturas en lugares de encierro, lo que consideró “un avance” porque “la responsabilidad es esencialmente del Ejecutivo, ya que el Servicio Penitenciario depende del gobernador”.
“Hay un sistema militarizado que corresponde a la época de la dictadura militar y esa matriz se mantiene frente a la inoperancia del poder civil. El informe que hemos presentado le da visibilidad al tema, esperemos que ayude para que se tome conciencia de que se necesita un cambio profundo y que ese cambio nos involucra a todos”, afirmó Cañón junto a Adolfo Pérez Esquivel, con quien comparte la presidencia de la CPM.
De la presentación del informe, también participó el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Guido Carlotto.
El funcionario adelantó a AgePeBA que “la semana que viene estaremos relanzando por un decreto del gobernador, una comisión propuesta por el Ejecutivo que tiene que ver con la tortura y con el trato inhumano.
“Esta comisión estará presidida por la secretaría de Derechos Humanos e integrada por todos los ministerios, la Comisión por la Memoria y todos los organismos de Derechos Humanos de la Provincia”, explicó.
“El sistema de la crueldad VII” da cuenta de un total de 7.089 delitos contra los Derechos Humanos en perjuicio de presos de la provincia de Buenos Aires. Los hechos incluyen varios tipos de tortura, apremios y vejaciones, falta de atención médica, afectación del vínculo familiar, pésima alimentación, y abuso contra mujeres y minorías sexuales.
Esas situaciones se registraron en diferentes Unidades Penales bonaerenses, donde además fallecieron 126 reclusos por distintas causas y 5.164 padecieron lesiones por hechos de represión a cargo de personal penitenciario.
“Lo que pasa en las cárceles y que se conoce es sólo una parte. La Provincia tiene un paradigma punitivo y hay dos marcas profundas: que no se pueden olvidar el terrorismo de Estado y el neoliberalismo, porque no se ha tocado el SBP desde la última dictadura”, dijo a esta agencia Alejandro Mosquera, secretario Ejecutivo de la CPM.
Arruga
Mosquera aprovechó para reclamar una vez más por el caso de Luciano Arruga, el adolescente que desapareció el 31 de enero de 2009, luego de ser interceptado por la Bonaerense en Lomas del Mirador.
“Le hemos pedido a Scioli que reciba a la familia porque necesitamos una respuesta del Gobierno provincial”, dijo el integrante de la CPM y agregó que también le plantearon al gobernador la persecución y el hostigamiento policial que sufren actualmente los hermanos de Arruga y los integrantes de la APDH-La Matanza.
“En La Matanza nadie puede hablar de las amenazas policiales porque temen terminar como Luciano”, aseguró Mosquera.
Fuente: Agepeba
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