Hoy a las 10 de la mañana se realiza una nueva asamblea del SiMaPe. Someterían a votación la continuidad o levantamiento de las medidas de fuerza. Los empresarios fueron intimados por el Ministerio de Trabajo a soltar amarras pero no lo harán si no están dadas las garantías de seguridad.
La continuidad del paro o su radicalización, se definirá hoy cuando el SiMaPe realice una nueva asamblea. Las opciones que desde la dirigencia dicen manejar están sujetas al compromiso de los marineros de trabajar a reglamento. Algunos armadores, sin embargo, sospechan de la veracidad de los gremialistas y por ello no están seguros de que les sea posible cumplir con la intimación realizada desde el Ministerio de Trabajo, a partir de la cual deberían preparar los barcos para su pronta zarpada.
En el expediente 1.516.222 quedó establecida la orden impartida por el Ministerio de Trabajo de la Nación al sector empresario. En él se “intima” a las entidades empresarias a “requerir la asistencia efectiva de las fuerzas de seguridad” para “asegurar la integridad física de los trabajadores que embarquen en las unidades”.
Como dijimos ayer, las garantías de seguridad para el sector empresario solo estarán dadas por la culminación de la medida de fuerza. Así lo informó el abogado Fernando Rivera en comunicación con REVISTA PUERTO, minutos después de que quedara labrada el acta: “Cuando las fuerzas de seguridad tuvieron la oportunidad de actuar no actuaron. Se han cometido delitos y no hay ni una persona individualizada. Lamentablemente no veo una decisión política de tomar una medida que garantice la salida de los barcos”, razonó.
Si bien desde la Prefectura Naval Argentina sostienen que siempre estuvieron dadas las garantías para el armado y despacho de buques, lo cierto es que se golpeó, en sus propias narices, a tripulaciones que pretendían embarcar. Es por ello que desde el sector empresario no ven en la Prefectura un garante de la seguridad de los trabajadores ni de las empresas: “Los empresarios tienen miedo de que les prendan fuego las fábricas”, había expresado Rivera.
La decisión final del Ministerio de Trabajo es irónica pero coherente con el rol que ha jugado a lo largo de este conflicto. Un verdadero mamarracho que comenzó con el dictado de la conciliación obligatoria a un gremio que no reconoce y colocó la frutilla del postre, con este acta. El gobierno que no “criminaliza la protesta social” pide a los empresarios que soliciten la intervención de las fuerzas de seguridad para no cargar con el costo político que ello trae implícito.
La idea del sector empresario es salir, siempre y cuando el conflicto llegue a su fin. Por tal motivo la decisión que tomen los afiliados del SiMaPe será determinante.
Pero no solo a alistar los barcos ha intimado a las empresas el Ministerio, sino que también las exhortó a “abonar los salarios caídos conforme al último salario devengado”, a fin de “menguar la penuria económica generada a los trabajadores que se encuentran a disposición de los armadores y contribuir así a la paz social”.
De ser esta orden viable jurídicamente, solo gozarían del beneficio los marineros que hayan respondido favorablemente los telegramas a través de los cuales se los intimó a presentarse en sus lugares de trabajo. No así quienes, haciendo referencia a su derecho a huelga, desestimaron la notificación.
El Ministerio de Trabajo ha resuelto lo antes enunciado para el sector empresario atento a la denuncia realizada por el SOMU que quedó establecida en el acta en cuestión: “El SOMU, único representante de los trabajadores correspondiente a la actividad”, no ha participado de “acción directa por reclamo salarial” y se ha visto impedido de realizar tareas por las acciones de terceros que “no tienen representación válida”. Dándoles a los empresarios un plazo “de 72 horas para regularizar la situación existente” tomando las medidas de seguridad necesarias y “abonando los salarios devengados” según la última marea. Todo ello “bajo apercibimiento de considerar que nos encontraríamos ante un posible lock out patronal”.
Hoy, cuando los afiliados del SiMaPe decidan sobre la continuidad o no del paro, deberán hacerlo a sabiendas de que han quedado muchos excluidos de este beneficio. También habrá dilapidado la totalidad de la marinería la oportunidad de cobrar mil pesos por tripulante por los meses no navegados o el adelantamiento a julio del 11 por ciento de aumento correspondiente a octubre. Deberán ahora salir con el 11 por ciento retroactivo a abril y el 11 por ciento a pagar en octubre. Lo mismo que existió desde el primer día.
La posibilidad de continuar la medida de fuerza a bordo de los barcos con el trabajo a reglamento por parte de la tripulación, puede ser un argumento elegante de la dirigencia para salir de este berenjenal. Probablemente sea aceptado por la mayoría a sabiendas de que no lo llevarán a la práctica. Difícilmente los marineros actúen en su propio perjuicio, siendo que su remuneración está atada a la productividad del barco. Demasiado daño les ha hecho el sindicato que dice defenderlos como para seguir apostando a sus supuestas habilidades. Toda la marinería marplatense debería estar hoy presente en la asamblea para hacer valer sus derechos y, a diferencia de lo que hasta ahora se ha visto, decir basta si es lo que realmente quieren.
Por Karina Fernandez / Revista Puerto
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