Por Atilio Boron
Estoy en Quito y varios amigos (no todos simpatizantes de Correa) y algunos funcionarios del gobierno me contaron de la costumbre del presidente de caer, sin aviso previo (ni siquiera informa a los miembros de su staff) a una repartición pública, preferentemente hospitales, escuelas, centros asistenciales.
Llega, sea en Quito o en la ciudad en que se encuentre, habla con la gente que está esperando que la atiendan, o con los padres si es una escuela, con el personal subalterno o con el ciudadano común y corriente que acierta estar en el lugar.
Por lo tanto, no necesita que un asesor, o un ministro o secretario le informe de cómo marchan las cosas.
Él lo corrobora personalmente.
Esto ha ocasionado un sinnúmero de conflictos y acusaciones de todo tipo porque, si observa algún problema, casi siempre esto termina con la remoción del personal jerárquico que incumplió con sus obligaciones.
Esta intervención directa de Correa en el monitoreo de la calidad de los servicios gubernamentales tiene sus ventajas.
En lo que hace a la salud, el número de personas que se atienden gratuitamente en los hospitales públicos, y que reciben remedios gratuitos, se multiplicó por cuatro durante su gestión, ofreciendo servicios médicos de la mejor calidad, superiores inclusive a los de los prestadores privados, con lo cual se ganó el odio de las corporaciones y de los médicos, y una catarata de noticias de la “prensa independiente” y la derecha acusando al presidente de entorpecer el funcionamiento del “mercado de la salud.”
Mientras tanto, la cobertura se expandió en proporción geométrica llegando a ofrecer atención médica a quienes nunca antes la habían recibido, y la calidad de la atención mejoró sensiblemente, al igual que los indicadores de salud.
Ah, me olvidaba: el índice de aprobación de la gestión del presidente Correa se encuentra, según las últimas encuestas, por encima del 80 por ciento.
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