El SUPA y el Ministerio de Trabajo firmaron un acta que sería la clave para poder finalizar con la inactividad portuaria. De todas maneras, la asamblea de estibadores será la que definirá si continúa la medida de fuerza.
Positiva. Así se puede definir la reunión que mantuvieron ayer a la tarde los representantes del Sindicato Unico de Portuarios Argentinos (SUPA) y del Ministerio de Trabajo para intentar destrabar el conflicto que mantiene bloqueado al puerto de la ciudad.
Los resultados de la reunión fueron mantenidos bajo un fuerte hermetismo pero según pudo confirmar LA CAPITAL todas las partes que se sentaron en la mesa de negociación firmaron un acta con una posible solución para los más de 200 estibadores que reclaman una jubilación. Pese al optimismo de las fuentes consultas, aún falta un aspecto clave: lo firmado será sometido a consideración de la asamblea del SUPA -no está claro cuándo se realizará, pero sería inminente- que bloquea los accesos a las terminales 2 y 3 del puerto. Ahí se definirá si el conflicto se soluciona o continúa.
De la reunión de ayer participaron el secretario general del SUPA, Juan Carlos Ferreyra; el intendente Gustavo Pulti; el presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo de Actividades Portuarias, Pesqueras, Navales, Alberto Rosa; el representante del Consejo Federal Pesquero, Horacio Tettamantti; y dos representantes del Ministerio de Trabajo de la Nación y dos de Seguridad Social de la Nación.
Todas las partes que estuvieron presentes firmaron un acta que estaría en el marco de lo que reclama el sindicato, según trascendió.
De todas maneras, pese a la instancia de diálogo abierta por el Ministerio de Trabajo de la Nación, los estibadores siguieron ayer de paro en el puerto local en reclamo de una jubilación para más de 200 trabajadores. El conflicto mantiene paralizada la actividad desde hace doce días.
En medio de una fuerte expectativa, y después de muchas idas y vueltas, el ministro de Trabajo Carlos Tomada no recibió ayer a los gremialistas del SUPA pero envió a tres representantes. En un primer momento, el funcionario había cerrado la puerta al diálogo ante la continuidad de la medida de fuerza. Sin embargo, una gestión de último momento del secretario general del Simape, Juan Domingo Novero, lo hizo cambiar de parecer y si bien no estuvo presente en el encuentro cedió para que haya una negociación.
La medida de fuerza de los estibadores, que genera una importante acumulación de mercadería en los barcos, se basa en el reclamo de la jubilación para 240 trabajadores, aunque 31 de ellas tendrán que ser pensiones porque los asalariados fallecieron.
En un principio, la idea de los funcionarios del Ministerio de Trabajo es resolver por medio de una moratoria, combinada con aportes de la Anses realizados en forma de subsidios por parte del Estado provincial y del Ministerio de Trabajo, la situación objetiva de deuda previsional para que los trabajadores que se encuentran en edad de jubilarse puedan hacerlo. Pero lo firmado ayer en el acta se mantuvo bajo un fuerte hermetismo.
El conflicto se remonta a la década del 90, cuando a través de las cooperativas se evitaban pagar cargas sociales, jubilaciones y aportes. Los trabajadores, que reclaman a gritos el beneficio jubilatorio, están en edad de pasar a retiro pero no cuentan con aportes para acceder a un ingreso acorde al que reciben en actividad. La solución al pedido que originó la protesta no es sencilla. De hecho, el tema se está discutiendo desde 2009 y dio diversas marchas y contramarchas.
Los estibadores mayores reclaman una jubilación equivalente a casi tres mínimas, es decir, unos 4.800 pesos, pero carecen de los aportes necesarios. Según explican los trabajadores, otro de los motivos del pedido se basa en la necesidad de darle paso a generaciones más jóvenes: "Nuestra mano de obra se está volviendo obsoleta", admiten algunos manifestantes.
El gremio informó que son 240 los estibadores en edad de jubilarse, aunque la mitad no podrá hacerlo ante la ausencia de aportes y a otros 120 se les ofreció la mínima, lo que representa casi tres veces menos de lo que deberían percibir.
La medida se realiza en reclamo de la aplicación del decreto de "reparación histórica" que brinda derechos y beneficios a los jubilados de la actividad y que en la actualidad sólo rige para los trabajadores del SUPA de Capital Federal.
Ante la falta de respuestas por partes de las autoridades, los trabajadores mantienen cortadas las vías de acceso a las terminales 2 y 3 del puerto de Mar del Plata. La medida de fuerza provoca un grave perjuicio económico para las empresas y pone en riesgo miles de toneladas de pescado fresco que continúan a bordo de embarcaciones que ingresaron al puerto en los últimos días. Los más perjudicados son los buques fresqueros que por falta de capacidad de frío están al límite de la posibilidad para mantener la carga en condiciones aptas para su posterior procesamiento y comercialización. Los empresarios pesqueros advirtieron que el sector ya está perdiendo unas 3.300 toneladas de mercadería a raíz de la continuidad del paro.
Fuente: Diario La Capital
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