Por: Mariano Beristain / Tiempo Argentino
A raíz de la decisión de la Cámara de Casación Penal de habilitar el levantamiento del secreto fiscal, la UIF ya avanza en la investigación por estafa a los futuros jubilados (de las ex AFJP) por entre $ 400 y $500 millones.
La decisión unánime de la Cámara de Casación Penal de habilitar el levantamiento del secreto fiscal que le otorga inmunidad al vicepresidente del Grupo Clarín, José Antonio Aranda, y a su director, Lucio Pagliaro, complicó la situación de los ejecutivos.
Los directivos del multimedio están sospechados de estafar a los aportantes al desaparecido sistema previsional privado por una cifra que ronda los $ 500 millones.
Ayer, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella adelantó a Tiempo Argentino que esta determinación de la justicia le permitirá “avanzar en una investigación que estaba empantanada” y en la que se presume que Pagliaro y Aranda aprovecharon la fusión de Cablevisión y Multicanal y se enriquecieron al manipular el precio de las acciones.
La pesquisa se reabrió a partir de un reporte de operación sospechosa, en el que el Banco Central de la República Argentina notificó a la UIF, a mediados de 2010, que Pagliaro y Aranda tuvieron un inusual crecimiento de su patrimonio, que osciló entre 200 y 250 por ciento.
A partir de entonces, la UIF retomó la investigación y convalidó su teoría de que el enriquecimiento de los directivos de Clarín coincidió con un extraño sube y baja que se produjo con el precio de la acción del Grupo Clarín a raíz de la compra de Multicanal por parte de Cablevisión, la cablera del multimedio.
El 7 de julio de 2010, Tiempo informó que Sbatella presentó una denuncia penal contra el Grupo Clarín y el banco JP Morgan por “manipulación de precios de acciones que se ofertan públicamente en el mercado de valores y su venta a los fondos de inversión (las antiguas AFJP), con la probable connivencia de los gerentes operativos de los mismos”.
Según la presentación de la UIF “existen constancias que dan cuenta de que la manipulación de precios de las acciones se debió a que la empresa no brindó al mercado información exacta y veraz, la cual resulta determinante para fijar el precio de las acciones, infringiendo el régimen de transparencia”.
En octubre de 2007, Clarín puso a la venta 57,2 millones de acciones que cotizaron en Buenos Aires (80%) y en Londres (20%). Entonces, el valor de la acción alcanzó los $ 29,14 en la Bolsa porteña y U$S 18,5 en el mercado de Londres.
Sin embargo, los directivos de Clarín se olvidaron de mencionar en el prospecto obligatorio que se entrega al Mercado de Valores que la fiscal Alejandra Gils Carbó estaba investigando la fusión entre Cablevisión y Multicanal por fraude.
Cuando se hizo pública la información, la acción de Clarín se desmoronó y cayó de $ 35 a entre $ 9 y $ 6 por papel.
Como resultado de ello, las AFJP que habían comprado acciones con los ahorros de los jubilados sufrieron una pérdida varias veces millonaria.
De hecho, Sbatella cree que de confirmarse la maniobra los directivos de Clarín se habrían enriquecido por un monto que oscila entre $ 400 y $ 500 millones.
Sin embargo, la UIF intervino, porque además de perjudicar los ahorros de los futuros jubilados, cuando la ANSES se hace cargo del fondo de las AFJP, también se afectaron los intereses del Estado argentino.
No obstante ello, la presentación judicial de la UIF contra Pagliaro y Aranda tuvo poco eco en los estrados judiciales.
“A pesar de las denuncias y la declaraciones de Hernán Arbizu, un hombre del sector financiero, que explicó públicamente cómo se hizo la arquitectura financiera de la maniobra, ningún juez nos citó para declarar”, señaló Sbatella.
Sin embargo, la UIF insistió e hizo un pedido a la justicia para abrir el secreto fiscal con el propósito de abrir un nuevo canal de investigación que permita conocer el origen y destino posterior del dinero que obtuvieron Pagliaro y Aranda con la supuesta maniobra con el precio de las acciones.
Sin embargo, los jueces de primera instancia, Julián Ercolini y Marcelo Martínez de Giorgi, rechazaron el pedido de la UIF.
La Cámara Federal Penal porteña también repitió el fallo de primera instancia y dejó entrecerrada la puerta.
El miércoles pasado, la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los magistrados Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, rechazó (ver fojas ilustrativas del fallo) lo actuado en primera y segunda instancia. Así determinó que “la UIF se encuentra habilitada para instituirse como parte en aquellos procedimientos penales que persigan los delitos señalados en la Ley 25.246 de “Encubrimientos y lavado de activos de origen delictivo” como lo establece la normativa vigente. De esta forma, desestimó los recursos de queja presentados por la defensa de Pagliaro y Aranda. Pero lo importante es que le envió una notificación a la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Corrección Federal de la Capital Federal instruyéndole para que levante el velo fiscal que le impide investigar las razones del súbito enriquecimiento e impulsa la causa en la que se sospecha que Pagliaro y Aranda aprovecharon sus cargos en el multimedio para estafar a los futuros jubilados e indirectamente después al Estado argentino. La historia continuará. <
En manos de la Corte la cuestión de fondo
La Cámara Comercial aceptó elevar a la Corte parte del recurso extraordinario presentado por la fiscal de cámara Alejandra Gils Carbó contra la aprobación del Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) de Cablevisión. Los camaristas, Gerardo Vasallo, Juan José Dieuzeide y Pablo Heredia rechazaron algunos planteos de la fiscal pero, al aceptar elevar las actuaciones a la Corte, el fallo tiene fuertes repercusiones. Entre ellas, suspende los efectos del fallo original, convalidando el acuerdo alcanzado entre Clarín y sus acreedores pero con el voto de Fintech, que no sólo mantenía acreencias con Cablevisión, sino que además era accionista; dado que está taxativamente prohibido a los accionistas votar en un APE. Todo el proceso podría caerse si la Corte desautoriza la compra de parte del capital de Cablevisión por Fintech. Entonces tampoco podría avanzar la fusión de Cablevisión con Multicanal. Pero el expediente está anclado hace un tiempo.
Antecedentes
La Cámara de Casación Penal decidió levantar el velo que existe sobre las cuentas de José Antonio Aranda y Lucio Pagliaro, dos de los principales directivos del Grupo Clarín.
De esta manera dejó sin efecto los fallos de primera y segunda instancia que le impedían a la Unidad de Información Financiera acceder a las cuentas de los directivos de los ejecutivos del principal multimedio del país.
José Sbatella (UIF) sospecha que Pagliaro y Aranda se enriquecieron al manipular el precio de las acciones después que se conoció la fusión entre Cablevisión y Multicanal.
Según las estimaciones de la UIF esta maniobra les habría permitido embolsarse entre $ 400 y 500 millones.
De confirmarse, los principales damnificados son los trabajadores que aportaban sus ahorros previsionales a las AFJP.
Sin embargo, como después la ANSES se hizo cargo del sistema también se habría defraudado al Estado Nacional.
Después del fallo de la Cámara de Casación Penal la causa que parecía “empantanada” volvió a tomar fuerza, según indicó a Tiempo Argentino, José Sbatella.
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