El empresario que había adquirido el frigorífico presentó la denuncia pero no prosperó. No sólo no se comprobó el delito de usurpación, sino que el magistrado que emitió la resolución contempló además la situación laboral que media y la expropiación que ya es ley
Cuando remataron Sadowa festejaron desde algunos sectores del Municipio y de la CGT. En todo momento se opusieron a la conformación de una cooperativa que anhelaba la expropiación del frigorífico que en su época de esplendor ocupó a 1200 obreros. El enorme edificio de Constitución al 10.300 fue valuado en 41 millones y rematado a seis. Su comprador -la empresa Siper, dedicada a negocios inmobiliarios- realizó días atrás una denuncia penal por usurpación contra los integrantes de la cooperativa de trabajo Recuperar. Sin embargo, el fallo judicial es claro: no hay delito y analiza que la situación no puede ser resuelta a través del poder punitivo cuando de por medio existe una lucha por recuperar fuentes laborales.
Eugenio Sangregorio, presidente de Siper S.A., realizó una presentación ante el Juzgado de Garantías que preside Juan Tapia a través de la cual denunció por una presunta “usurpación” a los integrantes de la cooperativa. Se denunció un presunto ingreso “violento” con una rotura del portón de entrada y amedrentamiento a dos personas de la empresa que se encontraban dentro.
Enseguida se dio intervención al fiscal Juan Pablo Lódola, quien rechazó la denuncia y evaluó que “el acceso al lugar por parte de los denunciados a plena luz del día, en presencia de testigos y sin ejercer violencia en las personas ni fuerza en las cosas impide tener por verificado el delito denunciado”.
El magistrado ya se ha pronunciado con anterioridad en un mismo sentido: “El proceso penal no es el mecanismo adecuado para pretender encontrar la solución a un problema social como el que se plantea en este caso”. En este sentido habló -como base del conflicto- “de los derechos fundamentales: el derecho constitucional: a trabajar y ejercer industria licita”.
Planteado esto, el magistrado marcó que desde el aspecto procesal, “en forma previa a autorizar el desalojo, debe garantizarse el ejercicio pleno del derecho de defensa en juicio por parte de los imputados que pudieren verse afectados con la medida cautelar requerida”.
Al analizar el delito denunciado, Tapia sostuvo que no puede ser acreditado, dado que no se puede inferir que quien se pretende titular del inmueble haya sido despojado a través de alguno de los medios que el código penal ha especificado en el inciso primero del artículo 181, como violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o clandestinidad.
En este sentido, hizo referencia al informe policial que es clarificador. Dice que las personas que mantenían un acampe en el ingreso “habían traspasado la puerta hacia el interior unos tres a cinco metros, aduciendo que permanecerían allí en 'toma simbólica' de la planta sin ingresar más adentro ni a ningún edificio, para cuidar las instalaciones”. Y menciona que los más de 20 trabajadores de la cooperativa “no efectuaban disturbios, ni quema de gomas, ni confrontaban al personal policial”.
Durante la mañana de ayer, el juez decidió acudir al frigorífico para realizar una inspección ocular. En primera instancia se pudo comprobar que el portón de entrada no presentaba ningún signo de violencia.
En la recorrida, Tapia se entrevistó con el presidente de la cooperativa, Carlos Vega, quien mencionó que estaban allí con “la voluntad de resguardar las fuentes laborales” y que su intención era “poder trabajar y resguardar los bienes y herramientas de trabajo”.
Como resultado de la inspección ocular, el magistrado planteó que se pudo constatar: “la pacífica convivencia entre el empleado designado por la sociedad denunciante con el grupo de trabajadores” y “la tolerancia de esta situación de hecho por los funcionarios policiales presentes en la garita anexa”.
Y sumó que se verificó “que este proceso penal en realidad importa una fragmentación de una sola secuencia de una historia de lucha por parte de trabajadores para recuperar sus fuentes laborales, cuya criminalización importa una desproporcionada reacción estatal y que debe ser resuelta por carriles diferenciados al ejercicio de la violencia que encierra el poder punitivo, máxime cuando aún no se ha acreditado la existencia de delito de acción pública alguno”.
A ello, Tapia sumó que se logró tomar conocimiento de denuncias penales por múltiples delitos formuladas por los trabajadores contra uno de los representantes de Siper en el frigorífico, orientadas ellas a resguardar las instalaciones y los bienes.
Por último, el magistrado recordó que el Senado y la Cámara de Diputados han rechazado el veto que en su momento sancionara Daniel Scioli, “por lo cual el proyecto será ley y el Poder Ejecutivo se halla obligado a promulgarlo”, apuntó.
“De esta manera -comprendió-, resulta incoherente que determinados órganos del Estado (Ministerio Público Fiscal y Juzgado de Garantías) promuevan el desalojo de un predio de un grupo de trabajadores a los que otros órganos del mismo Estado Provincial le reconocen derechos y le asignan su propiedad y uso (Legislatura Provincial)”.
Ante todo ello, decidió rechazar el pedido de desalojo de la empresa.
En perspectiva
A Sadowa lo remataron. A pesar de estar establecida la cooperativa y la expropiación marchaba a paso firme, no hubo voluntad política de frenar esa instancia judicial. Ni el gobierno municipal ni la CGT apostaron al trabajo y su intervención favoreció un negocio privado. Al frigorífico lo habían valuado en más de 40 millones, lo regalaron a seis. El trabajo de los hombres que no se resignaron a perder su empleo, a abandonar el oficio que aprendieron de sus padres y le enseñaron a sus hijos, logró la expropiación. A pesar del veto de Scioli y las disputadas políticas en un año electoral. Sólo falta la promulgación: el gobernador está obligado a ella. Para la empresa Siper -que adquirió el lugar por una cifra irrisoria- esto es un negocio más. Por eso la presentación ante la Justicia.
El fallo es claro: no es el ámbito penal donde se dirime el derecho al trabajo. Pero también dice que no hay usurpación. Los obreros de la carne que son la cooperativa Recuperar SRL ocupan el lugar que sienten suyo. La enorme fábrica en pocos meses se pondrá en movimiento y el anhelo es sumar cientos de fuentes de trabajo en una ciudad donde la desocupación golpea fuerte, sobre todo en los barrios más humildes. El resto de las hectáreas serán para viviendas sociales. Los trabajadores no bajan los brazos. El aire en el enorme edificio huele a victoria.
Fuente: Belén Cano / Diario El Atlántico
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