El especialista en legislación cultural afirmó que la relación del autor con su obra cambió en el siglo XXI a partir de las nuevas formas de consumo de bienes culturales. Además, consideró que la legislación cultural está atrasada en relación a los tiempos actuales
El avance de la tecnología generó nuevos modelos de consumo y producción de contenidos y modificó las relaciones entre los autores y el público. Ante el surgimiento de nuevos escenarios y formas de acceder a las producciones culturales, el especialista en legislación cultural José Miguel Onaindia, consideró que estas industrias actualmente atraviesan “un problema, porque la legislación y la política todavía no han procesado la transformación que ha sufrido la cultura con el fenómeno de la globalización y de las tecnologías de la información, ya que la mayoría de las leyes siguen atadas a parámetros de pensamiento y conceptos del siglo pasado”. En este sentido, afirmó que “la legislación es vetusta porque en muchos casos es preinformática, solo en algunos puntos y en ciertas medidas que se han tomado, no se tiene conciencia de lo que significa la era digital en la que se modifican hasta las relaciones de derecho de autor”. En este sentido, sostuvo que en el siglo XXI se produjo “una gran transformación de las relaciones sociales y culturales por la aparición fenómenos vinculados con las nuevas tecnologías”.
José Miguel Onaindia es abogado, profesor de Derecho Constitucional y director del programa de especialización en Derecho del Arte y Legislación Cultural en el Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y visitó Mar del Plata en el marco de la charla “Instituciones y cultura democrática en la Argentina del siglo XXI”, organizada por el grupo de Extensión en Gestión Cultural de la Universidad Nacional, la fundación Osde y Asociación Civil Identidadsur.
Fotocopiar un libro, mirar una película por Internet o escuchar música y leer diarios por la red son prácticas cada vez más habituales entre todos los usuarios de estas tecnologías. Ante estas formas de consumo, Onaindia afirmó que “todavía no tomamos conciencia que no solamente cambió el modo de difusión de la obra y de acceso, sino que también cambió el concepto de autor”.
Sobre este punto, el especialista sostuvo que la Ley de Propiedad Intelectual vigente y sus reformas subsiguientes “están muy atrasadas” porque “tiene un concepto de autor, de obra y de enriquecimiento y empresa de producción que ya no sirve ni para proteger al autor, ni para proteger a la empresa que produce los bienes culturales y tampoco para hacer más accesible esos bienes a la comunidad”. Según su opinión, gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación e información “muchos artistas intercambian textos, surgen obras colectivas donde la concepción del autor y su obra como una obra escrita en soledad, donde hay un rol del autor muy claro, en algunos casos se va desdibujando porque la informática permite la interacción”.
Por este motivo, consideró que al cambiar el concepto de autor “hay que pensar en protegerlo de otra manera, o ver que libertad de acción le damos a los autores por si quieren o no cobrar un canon o prefieren otro tipo de recaudación”.
Al analizar los cambios que se producen en el concepto de autor a través del uso de la tecnología, Onaindia destacó que “no estoy en la corriente que está a favor de la derogación del derecho de autor”, sino que consideró que “hay que pensar cómo hacemos convivir el derecho del autor a tener resultado económico de su trabajo creativo, con esta enorme posibilidad que la población pueda acceder a los bienes culturales en forma más libre y gratuita a través de Internet”. “Se requiere un pensamiento profundo y repensar como es la propiedad intelectual en el siglo XXI para garantizar el derecho del autor y la reconversión de los mecanismos de producción de las empresas para que las obras sigan circulando”, agregó.
De acuerdo con el especialista en esta situación convergen dos aspectos: el derecho de los autores sobre sus obras culturales y el derecho de la población a acceder a bienes culturales.
“Dentro de la legislación cultural en relación a la tecnología estamos anclados. Pero tenemos que tener en cuenta que en el debate no están solamente los autores y productores de los bienes culturales, sino que también está un derecho fundamental que es el derecho de acceso a la cultura. Hay una población que hoy tiene la posibilidad mucho más tangible de acceder a los bienes culturales y eso no puede escapar de ninguna regulación legal”.
Onaindia, además, sostuvo que la distancia entre las posibilidades que brinda la tecnología y la legislación argentina actual “es una cuestión cultural, ya que el país ha quedado anclado en discusiones políticas de temas que ya han sido superados, y no dedicamos energía a que el mundo que tenemos hoy es diferente al de muchos años atrás”, por lo cual “la legislación y la política todavía no han procesado la transformación que ha sufrido la cultura a partir de la globalización y de las tecnologías de la información”.
La aparición de nuevas formas de consumo de bienes culturales a través de la tecnología también ha hecho que se “desacralice la relación del individuo con ella”, ya que “cualquier habitante puede acceder a museos, visitar lugares, consultar un texto desde la herramientas disponibles. Hay una relación más directa, donde lo cultural deja de ser hegemónico y alejado, para ser algo más tangible”, sostuvo Onaindia y ejemplificó que “no necesito viajar a Francia para ir al Louvre, lo puedo ver desde mi computadora. Estar ahí será otra experiencia, pero puedo tener una vivencia virtual”.
“El siglo XXI ha producido una gran transformación de las relaciones sociales y culturales por la aparición de las tecnoculturas o fenómenos vinculados con las nuevas tecnologías. Esto necesita una nueva reflexión del Estado para determinar cuál es su función ante este nuevo fenómeno. Creo que debemos tener una mirada de avanzada respecto a cómo podemos utilizar todos estos nuevos maravillosos instrumentos que nos da la técnica - la tecnología y la comunicación - para poder tratar de organizar una sociedad más participativa, con mayor igualdad e inclusión de la que tenemos”, finalizó el abogado y especialista en legislación cultural.
Fuente: Marina Guzmán / Diario El Atlántico
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